El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida, ha señalado este miércoles, tras hacerse público el auto que imputa por tráfico de influencias al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha llegado el momento de "regular bien todas las actividades" de los expresidentes del Gobierno y ha advertido de que "cobrar por gestiones políticas es delito".
Al mismo tiempo, la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Martínez Barbero, ha recalcado que los jueces "tienen que hacer su trabajo" y ha expresado su confianza en que, a partir de ahí, se pueda investigar y "se llegue hasta el fondo de este asunto". Asimismo, ha defendido la necesidad de desarrollar normas específicas que permitan "clarificar hasta dónde llega el límite de los lobbies y de otros supuestos que sí que están tipificados en el Código Penal", no en exclusiva por este procedimiento, sino porque, a su juicio, "ya toca desde hace tiempo".
Cuestionada sobre si el caso "pinta peor" que en la jornada anterior y si resulta ahora más complicado hablar de lawfare, Barbero ha aclarado que ella no empleó ese término. Aun así, ha recordado que transcurrieron cuatro años hasta conocerse "quién era M. Rajoy, que no era Mercedes Rajoy" y ha lamentado que "imputar a políticos de izquierdas parece cada vez más fácil" que a responsables de la derecha.
En esta línea, ha remarcado que "hay un auto con unos hechos, ahora corresponderá conseguir las pruebas correspondientes. El procedimiento judicial tiene que recibir toda la colaboración del Gobierno y de las partes implicadas".
“No pinta ni huele bien” y petición de reformas
El portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha abundado en esta postura y ha admitido que la resolución judicial "no pinta ni huele bien", por lo que considera imprescindible "muchas explicaciones" en torno a las actividades de Zapatero.
Si este martes distintos portavoces de Sumar interpretaban la imputación del expresidente como posible caso de 'lawfare', tras conocerse el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el portavoz de Justicia ha querido centrar el foco en otros aspectos. Santiago ha insistido en que "lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. Esa es una cosa que está clarísima".
En los pasillos del Congreso, ha añadido un nuevo aviso: "Y segundo: desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente".
Ibáñez, por su parte, ha recalcado que en España "no se ha hecho bien el trabajo de limpiar las cloacas" y ha llamado a actuar con cautela, dado que el "auto no huele bien" y hacen "falta muchas explicaciones".
Al igual que Santiago, el diputado de Compromís ha reclamado una revisión del estatuto que regula la actividad de los expresidentes y ha opinado que "no es normal" que se desempeñen cargos en compañías dedicadas a asesorar a multinacionales para facilitar su acceso a las administraciones públicas, "te llames Zapatero o te llames Felipe González o Aznar".
Preguntado por si esa exigencia de explicaciones alcanza también al actual presidente, Pedro Sánchez, Ibáñez ha puntualizado que este asunto "de momento no está en la parte del Gobierno" y se circunscribe al "lobbismo", reclamando una ley efectiva que regule la actividad de los lobbies.