La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha declarado que es esencial realizar un «análisis detallado» de la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Este fallo judicial establece que no se pueden cobrar tarifas completas de peaje a los usuarios cuando las autopistas están en obras y afectan al servicio. La sentencia será examinada meticulosamente para determinar su aplicabilidad en la autopista AP-66, conocida como el Huerna.
Respondiendo a preguntas de los medios, Llamedo indicó que el gobierno regional ya ha esbozado las medidas a tomar durante una reunión de la Alianza por las Infraestructuras el pasado lunes. Además, subrayó que el Principado solicitará la revisión de oficio de la extensión del peaje del Huerna.
La vicepresidenta afirmó que el gobierno de Asturias persistirá en «liderar los pasos necesarios para terminar con un peaje que consideran ilegal y discriminatorio, legado tóxico del Gobierno del Partido Popular». En relación a la sentencia, Llamedo remarcó la necesidad de un estudio exhaustivo para establecer su relevancia y posible adaptación al contexto de la AP-66, enfatizando la importancia de un escrutinio minucioso para verificar su aplicabilidad en este caso particular.
















