El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado su confianza en que el Congreso de los Diputados dé luz verde a la Ley de Información Clasificada “en los próximos meses” y ha reiterado su disposición a alcanzar un acuerdo “razonable” sobre los plazos de desclasificación, el principal punto de choque con los grupos parlamentarios.
Bolaños ha realizado estas afirmaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que se ha aprobado el Plan Normativo Anual de 2026. No obstante, ha precisado que esta ley no figura en dicho plan porque ya se encuentra en fase de tramitación en la Cámara Baja.
En cualquier caso, ha insistido en que mantiene “voluntad de impulsarla en los próximos meses”, recordando que la vigente Ley de Secretos Oficiales es una norma “preconstitucional y franquista” de 1968. A su juicio, se trata de una “antigualla” que continúa aplicándose pese a haber sido aprobada por las Cortes franquistas y que “no cumple con ninguno de los estándares europeos” ni con los de las democracias avanzadas.
El titular de Presidencia ha puesto en valor que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido el primero en impulsar un proyecto de reforma de esta legislación y ha señalado que existe un consenso general entre los grupos en que está “obsoleta” y que “hay que cambiarla”, aunque todavía falta cerrar un entendimiento definitivo.
Uno de los elementos que más debate genera es el tiempo que debe transcurrir para que la información pueda hacerse pública. Los partidos reclaman acortar los plazos frente a la propuesta del Gobierno, cuyo texto prevé la desclasificación automática a los 45 años para los asuntos considerados “alto secreto”; 35 años para los calificados como “secreto”; entre 7 y 9 años para la información “confidencial” y de 4 a 6 años para la catalogada como “restringida”.
En febrero, el Gobierno ya procedió a desclasificar la documentación relativa al golpe de Estado del 23F de 1981, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, coincidiendo con el cumplimiento de 45 años.
Este martes, Bolaños ha reiterado su voluntad de negociar con los socios parlamentarios y de cerrar un acuerdo “que sea razonable”, que respete los “mejores estándares democráticos del mundo” y que permita adaptar la normativa española “a lo que tiene que ser una democracia avanzada con España”.