La reforma de la Constitución para "blindar" el aborto en la Constitución afronta hoy su primer examen. El proyecto de ley del Gobierno encara su debate de totalidad en el Pleno del Congreso con enmiendas de devolución de PP y Vox. A priori, el Ejecutivo cuenta con los votos necesarios por parte de sus socios para que la iniciativa inicie su tramitación parlamentaria, sin embargo, las posibilidades de que llegue al BOE son nulas.
El Gobierno ha optado por "blindar" el derecho a la interrupción del aborto vía modificación del artículo 43.3 de la Carta Magna. Es decir, aboga por un procedimiento ordinario de reforma constitucional que requiere de tres quintos de cada Cámara o de una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta en el Senado. Unos números imposibles de alcanzar sin el apoyo del PP. No es casualidad que las cuatro reformas que acumula la Constitución, dos de ellas en esta legislatura, hayan partido de un consenso entre el bipartidismo.
Paso a paso
El Ejecutivo promueva esta reforma con el objetivo de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad "en todo el territorio nacional con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios". Esgrimen que solo el 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en el sistema público y se ha detectado una enorme disparidad entre territorios. Mientras que en CCAA como Cantabria o Galicia, esta cifra se acerca al 60% en otros territorios como Madrid o Andalucía, no llega al 1% según afirmó la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Aunque el PNV ha reclamado que no se use esta propuesta con fines electoralistas, su portavoz, Maribel Vaquero, también advirtió el peligro de cuestionar el derecho al aborto. Por su parte, Junts no ha presentado enmienda a la totalidad, como auguró que haría con todos los proyectos del Ejecutivo. Fuentes próximas al Gobierno confirman a Demócrata que no dudan que la iniciativa supere el debate de totalidad.
En saco roto
Una vez superado el trámite de este jueves, el proyecto recalaría en la Comisión Constitucional donde serían objeto de debate las enmiendas parciales. El texto consensuado en comisión saldría aprobado previsiblemente por los mismos grupos que van a permitir su toma en consideración. Después, la propuesta volvería al Pleno de la Cámara Baja, sin embargo, en este punto, la suma del bloque de investidura (incluso con el apoyo de Junts) no sería suficiente. Una reforma de la Carta Magna de este calado exige mínimo 210 votos a favor.
La aprobación de la reforma constitucional pasa indiscutiblemente por que el Gobierno recabe el apoyo del PP, más teniendo en cuenta su control de la Cámara Alta. Un escenario que bajo ningún concepto barajan los populares. A pesar de la enmienda de totalidad de devolución, la máxima expresión de rechazo hacia una iniciativa en términos parlamentarios, y de las continúas críticas que sus miembros hacen en público y en privado, el Gobierno no tira la toalla.
CRONOLOGÍA
Octubre 2025 - Salta la polémica. El Ayuntamiento de Madrid aprueba una iniciativa de Vox con los votos del PP para que se informara "de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el 'Síndrome Post Aborto'".
Una semana después, el Consejo de Ministros aprueba en primera vuelta un anteproyecto de reforma de la Constitución para blindar el aborto.
Enero 2026 - Sobre la mesa. Tras meses en 'stand by', la Comisión Permanente del Consejo de Estado aborda el dictamen del proyecto de ley.
Marzo 2026 - Vía libre. El Consejo de Estado emite un dictamen favorable a la propuesta del Ejecutivo de blindar el derecho al aborto en la Constitución, bajo la premisa de que la ley actual "no se cumple" en su integridad al derivarse a clínicas privadas.
Abril 2026 - Llega el momento. El Consejo de Ministros aprueba en segunda vuelta el proyecto de ley con algunas modificaciones en la redacción para hacerlo "menos farragoso" y lo remite a las Cortes.
El Congreso aborda el debate de totalitad.
El punto de partida
En marzo de 2025, con motivo del 8M, Sumar anunció en rueda de prensa desde el Congreso su voluntad de blindar el derecho a la interrupción del embarazo en la Constitución en unos términos muy similares a los expuestos por el Gobierno ahora. Sin embargo, de que aquella iniciativa de los de Yolanda Díaz, nunca más se supo. El motivo es que al grupo plurinacional no le salían los números para impulsar la reforma.
De acuerdo con el Reglamento de la Cámara Baja, para presentar una reforma constitucional ante el Congreso es necesario que la propuesta la formulen dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados (como mínimo). En aquel momento Sumar contaba con 27 diputados en la Cámara Baja (ahora 26, tras el paso de Àgueda Micó de Compromís al Grupo Mixto) por lo que no era posible formular esta proposición sin el apoyo de otro grupo parlamentario.