La Mesa del Congreso ha resuelto este miércoles por unanimidad retirar los derechos parlamentarios al exministro José Luis Ábalos, una vez ratificado el auto de procesamiento, de modo que dejará de cobrar sus retribuciones y no podrá intervenir en las votaciones de la Cámara hasta que se aclare su situación judicial.
La medida se ampara en el artículo 21 del Reglamento de la Cámara Baja, que establece que “los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”.
Después de que el juez Leopoldo Puente acordara el ingreso en prisión de Ábalos, la Presidencia del Congreso envió un escrito al Tribunal Supremo para que acreditase formalmente la entrada en un centro penitenciario, requisito necesario para activar el procedimiento de suspensión como diputado. En su contestación, el Alto Tribunal confirmó que se había ordenado “la prisión provisional comunicada y sin fianza” para Ábalos, pero puntualizó que el auto de procesamiento aún no era firme al encontrarse recurrido en apelación por su defensa, recurso cuya deliberación se fijó para el pasado día 4.
Este miércoles, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha respaldado la decisión del magistrado instructor de procesar a Ábalos y a su antiguo asesor en el Ministerio, Koldo García, por supuestas irregularidades detectadas en los contratos de suministro de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.











