El Gobierno de coalición ha remitido al Congreso un escrito de disconformidad con el que frena la tramitación de la proposición de ley registrada por Podemos, que planteaba que el Estado, mediante la SEPI, tomase hasta un 51% del capital de Repsol. El Ejecutivo argumenta que la operación supondría un desembolso aproximado para las cuentas públicas de 8.960,7 millones de euros.
La iniciativa de Podemos establecía que, en una primera fase, la SEPI se hiciera con un 25% de la petrolera para convertirse en su principal accionista. Más adelante, y siempre antes del 29 de octubre de 2026, ese paquete debería ampliarse hasta alcanzar el 51% del total de los títulos de la compañía.
La formación morada defendía este plan con el objetivo de recuperar el control público sobre una parte clave del sector energético, y proponía sufragar la nacionalización redirigiendo los recursos que el Gobierno prevé dedicar al incremento del gasto en defensa.
De acuerdo con el procedimiento previsto para las proposiciones de ley, el Ejecutivo puede ejercer la facultad que le reconoce la Constitución para mostrar su rechazo a aquellas iniciativas parlamentarias que impliquen una merma de ingresos o un aumento del gasto público, lo que en la práctica supone su veto.
En su informe, el Gobierno detalla que la capitalización bursátil de Repsol a 21 de noviembre de 2025 ascendía a 17.570 millones de euros. Con esta valoración, la compra inicial del 25% tendría un coste estimado de 4.392,5 millones y la adquisición posterior del 26% adicional se situaría en torno a los 4.568,2 millones, elevando el importe total de la operación hasta los 8.960,7 millones.
El escrito de disconformidad, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que la partida presupuestaria impactada por esa cuantía sería la destinada a la aportación patrimonial a la SEPI. Por este motivo, el Ejecutivo ha optado por no dar su visto bueno a la tramitación de la norma, amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución.
Podemos defiende la viabilidad de la nacionalización
Fuentes de Podemos sostienen que la motivación económica esgrimida por el Gobierno para vetar la proposición evidencia precisamente que la iniciativa es viable "desde un punto de vista legal" y añaden que permitiría abaratar el recibo eléctrico de los hogares.
Al mismo tiempo, la formación recuerda que diversos Estados europeos cuentan con empresas energéticas públicas, citando el caso de Francia con EDF o el de Italia, donde el Estado figura como principal accionista de ENI y ENEL.
Podemos subraya además que Sánchez ha incrementado este mismo año el gasto militar en 10.471 millones mediante el plan de rearme, incluso con los Presupuestos prorrogados, por lo que considera que la nacionalización de Repsol "depende únicamente de la voluntad política del Gobierno".