La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, ha defendido que las convocatorias de los distintos procesos de empleo público se están lanzando dentro del mismo ejercicio en que se aprueba la oferta y que los plazos de tramitación se han acortado de forma generalizada, situándose “en muchos casos” por debajo de los 12 meses.
Así lo ha expuesto este martes en su intervención ante la Comisión de Función Pública del Senado, donde ha insistido en que las iniciativas impulsadas por el Gobierno para agilizar y simplificar los procesos selectivos están dando resultados.
Sánchez ha subrayado que la Administración Pública está experimentando un relevo generacional, con una reducción progresiva de la edad media de la plantilla, aunque ha admitido que sigue siendo elevada, al situarse actualmente en 49 años.
Al mismo tiempo, ha señalado que se ha reforzado de manera notable la descentralización de las pruebas selectivas, con el objetivo de ampliar y democratizar el acceso al empleo público; además, se han revisado temarios y tipos de pruebas para hacerlos más sencillos y eliminar duplicidades.
“Es un cambio lento, pero en ello estamos”, ha contestado la secretaria de Estado a una cuestión planteada por la senadora del PSOE, Consol Cantenys, sobre las actuaciones del Ejecutivo para modernizar y mejorar el empleo público.
En este contexto, ha resaltado que su departamento trabaja, entre otros proyectos, en un “ambicioso” Plan de Competencias Digitales para Empleados Públicos y en el Observatorio del Empleo Público, que asumirá funciones relacionadas con la digitalización, la igualdad, la planificación de recursos, así como la detección y el análisis de nuevos perfiles profesionales y de las capacidades requeridas.
También ha recordado que se está avanzando en el calendario marcado por el Real Decreto Ley 6/2023, vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de función pública, en la Orden sobre Planificación Estratégica de los Recursos Humanos de la Administración del Estado de 2024 y en el despliegue del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y el Servicio de la Ciudadanía, firmado con las organizaciones sindicales a finales del año pasado.
La número dos de Función Pública ha puesto igualmente de relieve las medidas del Ejecutivo para favorecer el acceso de personas con discapacidad al empleo público. Desde 2024, el cupo de reserva para este colectivo ha pasado del 7% al 10% del total de plazas, de las que un 2% se destina específicamente a personas con discapacidad intelectual.
Impulso a la participación ciudadana
En otro orden de cosas, Consuelo Sánchez ha enfatizado que la participación ciudadana en las políticas públicas constituye otro de los ejes prioritarios de la Secretaría de Estado de Función Pública. En este sentido, el V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029 asigna el 25% de sus 218 iniciativas al refuerzo de la implicación de la ciudadanía.
Ha explicado que dicho plan contempla la mejora de los canales de interacción digital con la población, promoviendo herramientas más accesibles e inclusivas que faciliten la participación de colectivos diversos, reduzcan las brechas existentes y garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a los procesos participativos, con la intención de superar el modelo tradicional de buzón y avanzar hacia espacios de diálogo abiertos, transparentes y bidireccionales.
“Creo que sí que se está produciendo un cambio importante en lo que tiene que ver con la participación ciudadana en cuanto al compromiso de los ciudadanos precisamente por participar en esos procesos”, ha señalado Sánchez en contestación a la senadora del Partido Popular, Inmaculada Hernández, quien había criticado que los instrumentos de participación “no son eficaces”.
Convenio de Tromso y Oficina de Conflictos de Intereses
El Grupo Popular también ha interrogado a la secretaria de Estado sobre la aplicación del Convenio del Consejo de Europa relativo al acceso a documentos públicos, firmado en Tromso en 2009, así como sobre el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.
En relación con el convenio, el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha sostenido que España incumple el 11% de las resoluciones del Consejo de Transparencia. Frente a ello, Sánchez ha pedido centrar la atención en el 89% de resoluciones que sí se cumplen y ha asegurado que el Ejecutivo respeta el Convenio de Tromso. Además, ha indicado que el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta incorpora medidas destinadas a reforzar y garantizar su cumplimiento íntegro.
Respecto a la demanda del PP de fortalecer la Oficina de Conflicto de Intereses, la secretaria de Estado ha explicado que el Gobierno está trabajando para dotarla de una mayor autonomía e independencia mediante diversas iniciativas normativas, como la ley de 'lobbies', que se encuentra en una fase “avanzada” de tramitación en el Congreso, la futura ley de Administración Abierta y las actuaciones previstas en el Plan de Lucha contra la Corrupción, que incluye el anteproyecto de Ley de Integridad Pública.