La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha comunicado que Casa 47 sacará a concurso durante este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas mediante colaboración público-privada, incorporando las condiciones de asequibilidad de los arrendamientos impulsados por la Entidad Estatal de Vivienda.
Rodríguez ha realizado este anuncio este viernes en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso, donde ha comparecido para detallar la actuación de su departamento.
Durante su intervención, la responsable de Vivienda ha precisado que estas 2.800 nuevas viviendas se añaden a las 1.600 ya licitadas a lo largo de 2025, de forma que Casa 47 alcanzará un total de 4.400 viviendas en licitación al cierre de este trimestre.
“Esta es una empresa que nace con solvencia económica dispuesta ya con más de 13.000 millones de euros para los próximos años y que, sin duda, tiene proyectos muy ambiciosos”, ha señalado.
La ministra ha adelantado que la próxima licitación abarcará suelos con calificación urbana finalista, las correspondientes ayudas públicas, la financiación y unos arrendamientos ajustados a los criterios de asequibilidad fijados por el Gobierno.
Rodríguez ha subrayado que las viviendas en alquiler promovidas por Casa 47, heredera de la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, Sepes, contemplarán contratos de arrendamiento de hasta 75 años, con posibilidad de revisión.
Así, el contrato inicial tendrá una duración de 14 años y, posteriormente, se contemplan prórrogas automáticas de 7 años “siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso”, con un límite máximo de 75 años para el contrato de alquiler.
En el plano económico, se establece como condición que las personas que opten a estas viviendas en alquiler gestionadas por Casa 47 cuenten con ingresos de entre 2 y 7,5 veces el Iprem (entre 1.200 y 4.500 euros mensuales), lo que, según los cálculos del Ministerio, se corresponde con el 60% de la clase media y trabajadora.
El importe de la renta no se determinará en función del coste de construcción, sino en base a la capacidad de pago de los inquilinos, con la finalidad de que ningún hogar tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler.
Además, Isabel Rodríguez ha avanzado que la próxima semana el Consejo Rector aprobará las bases para incorporar entre sus funciones la posibilidad de adquirir patrimonio residencial privado y transformarlo en parque público destinado a vivienda asequible en manos del Estado, una línea para la que el Gobierno ha reservado 100 millones de euros.
80.000 pisos turísticos ilegales retirados de plataformas
Por otra parte, la ministra de Vivienda ha informado de que alrededor de 80.000 pisos turísticos ilegales han sido eliminados de las plataformas ‘online’ gracias al registro único de arrendamientos de alquiler turístico y de temporada, obligatorio desde el pasado 1 de 2025.
Esta obligación deriva del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, de aplicación directa en los Estados miembros, que fija un marco de control para los arrendamientos de viviendas amuebladas de corta duración.
La titular de Vivienda ha insistido en que esta normativa ha permitido “acotar” los pisos turísticos, aunque ha advertido de la aparición de una nueva vía para eludir la ley a través de los alojamientos de temporada. Ante ello, se está elaborando una nueva regulación que cierre esta “espita” del mercado residencial, que presiona al alza los precios.
“Los alojamientos de temporada son necesarios para trabajadores, estudiantes, en definitiva, estaban previstos en la ley porque dan respuesta a una necesidad, pero lo que no pueden ser es la coartada para especular”, ha defendido Rodríguez, que ha reclamado el apoyo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esta nueva normativa.