El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida, ha señalado este miércoles, tras hacerse público el auto que imputa por tráfico de influencias al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha llegado el momento de “regular bien todas las actividades” de los expresidentes del Gobierno y ha advertido de que “cobrar por gestiones políticas es delito”.
Al mismo tiempo, la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Martínez Barbero, ha recalcado que los jueces “tienen que hacer su trabajo” y ha expresado su confianza en que, a partir de ahora, se investigue y “se llegue hasta el fondo de este asunto”. También ha defendido la necesidad de desarrollar normas específicas que permitan “clarificar hasta dónde llega el límite de los lobbies y de otros supuestos que sí que están tipificados en el Código Penal”, no vinculadas solo a este procedimiento, sino porque “ya toca desde hace tiempo”.
Interpelada sobre si el caso “pinta peor” que en la jornada anterior y si resulta más complicado hablar de lawfare, Barbero ha puntualizado que ella no utilizó ese término. Aun así, ha recordado que hicieron falta cuatro años para saber “quién era M. Rajoy, que no era Mercedes Rajoy” y ha denunciado que “imputar a políticos de izquierdas parece cada vez más fácil” que a los de derechas.
“Hay un auto con unos hechos, ahora corresponderá conseguir las pruebas correspondientes. El procedimiento judicial tiene que recibir toda la colaboración del Gobierno y de las partes implicadas”, ha añadido la portavoz parlamentaria.
Sumar reclama una regulación estricta para los expresidentes
El portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha abundado en esta misma idea y ha admitido que la resolución judicial “no pinta ni huele bien”, por lo que considera imprescindible “muchas explicaciones” sobre las actividades de Zapatero.
Si el martes varios portavoces de Sumar interpretaban la imputación del expresidente como un posible caso de lawfare, tras conocerse el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el portavoz de Justicia ha optado por centrar el foco en otros aspectos. “Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. Esa es una cosa que está clarísima”, ha enfatizado Santiago en los pasillos del Congreso.
Acto seguido, ha lanzado un aviso: “Y segundo: desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente”.
“No huele bien” y “hacen falta muchas explicaciones”
Por su parte, Ibáñez ha subrayado que en España “no se ha hecho bien el trabajo de limpiar las cloacas” y ha apelado a la prudencia ante un “auto no huele bien” y para el que hacen “falta muchas explicaciones”.
En línea con Santiago, el diputado de Compromís ha reclamado reformar el estatuto que regula las actividades de los expresidentes y ha opinado que “no es normal” que se pase a trabajar en compañías dedicadas a asesorar a multinacionales sobre cómo acceder a las administraciones públicas, “te llames Zapatero o te llames Felipe González o Aznar”.
Cuestionado sobre si esa exigencia de aclaraciones alcanza también al actual presidente, Pedro Sánchez, Ibáñez ha precisado que este asunto “de momento no está en la parte del Gobierno” y se limita al ámbito del “lobbismo”, insistiendo en la necesidad de una ley efectiva que regule la actividad de los lobbies.