El próximo lunes 27 de octubre, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, será protagonista en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados donde tratará temas cruciales como la violencia vicaria y la modificación constitucional sobre el aborto.
Según el programa previsto y divulgado por Europa Press, Redondo tiene previsto intervenir a las 17:00 horas, por su propia iniciativa, para exponer las acciones que el Gobierno está implementando para consolidar la protección del aborto dentro de la Constitución y los avances del Pacto de Estado frente a la violencia de género en lo que respecta a la violencia vicaria.
El 14 de octubre, el Consejo de Ministros acordó iniciar los procedimientos para asegurar el derecho al aborto en la Constitución, para contrarrestar cualquier “retroceso” ante posibles corrientes reaccionarias, tal como explicó Redondo en una conferencia de prensa.
Además, se ha incluido en el Código Penal una nueva sanción que prohíbe la publicación o difusión de contenidos relacionados directamente con el delito perpetrado. También se propone una reforma en el Código Civil, específicamente en el artículo 92.6, que garantizará la consideración obligatoria de los menores de edad y de los adultos con discapacidad antes de determinar el régimen de guardia y custodia.
Para la reforma de la Constitución se empleará el artículo 167, que exige la aprobación por las tres quintas partes de ambas cámaras. El texto propuesto añade un nuevo párrafo al artículo 43, asegurando el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y garantizando su acceso en condiciones de igualdad, así como la protección de los derechos fundamentales femeninos.
TIPIFICACIÓN COMO DELITO DE LA VIOLENCIA VICARIA
Por otra parte, el 30 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica sobre medidas relativas a la violencia vicaria, que se define como un delito autónomo con agravante de género y prevé penas de hasta tres años de cárcel.
El objetivo de esta iniciativa legal incluye la definición jurídica de la violencia vicaria, su reconocimiento como delito, el establecimiento de medidas de prevención y el apoyo y reparación a las víctimas, cumpliendo así con las disposiciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Desde 2013, se han registrado 65 infanticidios atribuidos a esta forma de violencia, con nueve casos en 2024 y tres en lo que va de 2025.