La que fuera presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, ha instado este lunes en el Congreso de los Diputados a impedir el régimen de visitas cuando existan indicios de violencia de género, con el objetivo de evitar nuevos casos de violencia vicaria.
Durante su intervención ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, Carmona ha planteado reformar el artículo 94 del Código Civil y el 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, en los supuestos en los que no haya un régimen de visitas establecido, este quede de forma expresa prohibido y no meramente suspendido.
Ha alertado de que muchas mujeres se resisten a denunciar o a abandonar el domicilio familiar por temor a que sus hijos queden expuestos al agresor. "Ellas nos dicen: 'yo no quiero salir del domicilio porque mientras esté yo allí, yo recibo los golpes. Cuando yo me vaya, ¿quién protege a mis hijos?'", ha explicado.
"Es tan importante que las mujeres sepan que con la denuncia sus hijos van a estar protegidos", ha reiterado la letrada de la Administración de Justicia del Tribunal de Instancia de Sevilla, sección violencia sobre la mujer, que ha reclamado instrumentos legales que permitan a los jueces intervenir "desde el minuto uno".
Además, ha reclamado la conexión efectiva entre los sistemas informáticos de los juzgados de familia y los de violencia sobre la mujer para prevenir la violencia vicaria, y ha avisado de que, en la actualidad, un juez de familia solo puede acceder al SIRAJ —el registro de órdenes de protección y condenas—, pero no a todas las denuncias previas que no hayan derivado en medidas cautelares.
"Un juez de familia tiene que saber no solamente si hay una orden de alejamiento, sino si hay una denuncia previa", ha recalcado, al tiempo que ha traído a colación el caso de Sueca (Valencia) como ejemplo de descoordinación judicial. "Se trató de una falta de coordinación total y absoluta de los órganos judiciales que tenían la obligación de proteger a esa familia, especialmente a ese niño", ha indicado.
Según ha expuesto Carmona, en esa resolución, de junio de 2025, el Tribunal Supremo definió la violencia vicaria como la utilización del daño a los hijos para provocar "el mayor dolor de todos los imaginables" a la madre. "Mató a su hijo para causar el mayor dolor de todos los imaginables a su exmujer y fue el colofón de su deseo de dominación machista contra ella", ha recordado.
La violencia vicaria "es predecible" y requiere más especialización
Respecto a la posible tipificación específica de la violencia vicaria, ha dejado la decisión en manos de las Cortes, aunque ha precisado que el Tribunal Supremo ya emplea este concepto en sus sentencias pese a no figurar en ninguna ley. También ha remarcado que el alto tribunal ha incluido el maltrato a mascotas como una modalidad de violencia vicaria. "La violencia vicaria ha estado invisibilizada durante muchísimo tiempo", ha manifestado.
Ha incidido, igualmente, en que la violencia vicaria "es predecible" y que las amenazas dirigidas a los hijos se convierten en "arma arrojadiza" cuando la mujer expresa su voluntad de romper la relación.
Ha reiterado que muchas mujeres no se atreven a denunciar ni a marcharse de la vivienda familiar por miedo a que sus hijos queden sin protección. "Ellas nos dicen: 'yo no quiero salir del domicilio porque mientras esté yo allí, yo recibo los golpes. Cuando yo me vaya, ¿quién protege a mis hijos?'", ha insistido.
"Es tan importante que las mujeres sepan que con la denuncia sus hijos van a estar protegidos", ha subrayado de nuevo, reclamando que se dote a la judicatura de herramientas normativas para poder actuar "desde el minuto uno".
Carmona ha pedido además avanzar en la especialización de los jueces de violencia sobre la mujer, un "mandato legal del año 2017 que no se ha puesto en marcha", y ha propuesto reformar el artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los magistrados con formación específica en violencia de género tengan preferencia para acceder a los tribunales superiores frente a quienes no cuenten con esa capacitación.
También ha solicitado desplegar en todo el país los tribunales de infancia y adolescencia contemplados en la Ley Orgánica 8/2021, señalando que hasta ahora "solo se han creado tres plazas, una en Madrid y otra en Barcelona". "Es fundamental que existan jueces especializados en infancia con perspectiva de la infancia en todo el territorio nacional", ha enfatizado.
La letrada ha cerrado su intervención reclamando una mayor coherencia entre las distintas normas para evitar la dispersión legislativa y campañas de sensibilización que refuercen la confianza de las mujeres en el sistema judicial. "Es grave el hecho de que las mujeres no sepan o crean que denunciando no se les va a proteger", ha rematado.
Lorente pide abordar la violencia vicaria como violencia de género
Por otro lado, el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género y médico forense Miguel Lorente ha defendido que la violencia vicaria debe analizarse "en el contexto en el que se produce", es decir, como "violencia de género vicaria", al entender que los menores padecen las consecuencias de la violencia ejercida contra la madre aunque no sufran agresiones directas.
En su comparecencia ante la misma Comisión, Lorente ha explicado que la violencia no se limita a los golpes, sino que incluye "el uso del poder" mediante amenazas, humillaciones o coacciones, especialmente en entornos de convivencia prolongada. "Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de dos elementos fundamentales: la violencia y el género", ha apuntado.
Ha advertido, además, de que crecer en un hogar donde existe violencia machista ya genera "lesiones y alteraciones" en los menores, aunque el padre no actúe físicamente contra ellos. "El hecho de vivir en el hogar donde existe la violencia de género ya es causante de lesiones y alteraciones como recogen todos los estudios", ha indicado.
En esta línea, ha defendido que, ante indicios de maltrato, los menores deben ser alejados del "foco de la violencia" y que el régimen de visitas debe decidirse teniendo en cuenta esos factores de riesgo. "Si se toma y luego no se demuestra por alguna razón, no pasa absolutamente nada", ha señalado sobre la suspensión de visitas.
Lorente ha rechazado igualmente el denominado síndrome de alienación parental (SAP) y ha sostenido que el rechazo de un hijo hacia el padre tras episodios de violencia no obedece a una manipulación materna, sino a un trauma previo.
Asimismo, ha reclamado una respuesta integral que trascienda el ámbito estrictamente judicial y ha abogado por reforzar los recursos sanitarios, educativos y sociales destinados a los menores víctimas de violencia de género. "El derecho no lo resuelve todo, y menos en violencia", ha avisado.
En el turno de los grupos parlamentarios, PNV, ERC, PSOE y PP han planteado preguntas a Carmona y Lorente sobre la fragmentación competencial entre los juzgados de violencia sobre la mujer, familia e infancia; la necesidad de formación específica de jueces y fiscales, y la protección de los menores.
Vox, por su parte, ha cuestionado que el concepto de violencia vicaria se circunscriba a los hombres y ha preguntado por los supuestos en los que son las madres quienes matan a sus hijos para dañar al padre. Ante ello, Lorente ha reiterado que la violencia vicaria debe estudiarse "siempre" dentro del marco de la violencia de género.