QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Emilio Santiago Muíño, destacado antropólogo social y científico del CSIC, ha enfatizado la necesidad de aplicar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles para sostener las iniciativas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Durante su participación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Muíño sugirió centrar estos impuestos en las corporaciones petroleras y gasísticas, principales responsables de la crisis climática.
“En materia de financiación de este debate público sobre la emergencia climática, lo que deberíamos hacer es consolidar la fórmula que ya experimentamos en 2023 y en 2024, de impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, pero con una salvedad, centrándolo en las empresas fósiles, en las petroleras y las gasísticas, que son las que tienen mayor responsabilidad en acelerar la crisis climática”, explicó.
Muíño también mencionó otras posibles fuentes de financiación, como los ‘ecoesquemas’ de la Política Agraria Común (PAC) o el Fondo Social para el Clima, y subrayó la importancia de movilizar recursos significativos para abordar las políticas públicas futuras. Además, resaltó la urgencia de España en adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, señalando que el país se encuentra ante una oportunidad histórica de liderar un nuevo ciclo de desarrollo económico gracias a la revolución tecnológica en energías renovables y electrificación.
“No estamos condenados a la estepa o al desierto, y menos con la revolución tecnológica que está teniendo lugar en los últimos años en el campo de las renovables, las baterías y la electrificación. Descarbonizar muy rápido ya no solo es una opción por la seguridad, es una opción por la prosperidad”, destacó. Asimismo, llamó a adoptar un enfoque integral en la lucha contra el cambio climático, aunque reconoció que en algunos ámbitos como la legislación contra el calor o la rehabilitación ya se está avanzando, mientras que en otros, como las soluciones basadas en la naturaleza, España avanza más lentamente.
En el ámbito político, la sesión fue tensa. Patricia Rueda de Vox criticó las políticas climáticas del gobierno, calificándolas de “ecologismo pijo”, mientras que la diputada cuestionó la prioridad del cambio climático frente a los problemas sociales. Por otro lado, el diputado del PP, Javier José Folch, acusó al gobierno de manipular la Comisión para simular un consenso inexistente. En respuesta, Muíño instó a los políticos a definir su posición en el debate climático y subrayó la necesidad de un “plan B” para el PSOE, para asegurar la aprobación de medidas ecológicas.
