Este miércoles, el Senado reenviará al Congreso el Proyecto de Ley que regula los servicios de atención al cliente, conocido anteriormente como Proyecto de Ley de atención a la clientela, después de incluir más de cincuenta enmiendas del PP que reducen las exigencias para las empresas sobre el uso de lenguas cooficiales. La votación, apoyada por la mayoría absoluta de los ‘populares’ en la Cámara Alta, se llevará a cabo esta tarde.
“Existirá la obligación de prestar atención al cliente en las lenguas cooficiales exclusivamente para las empresas, que tengan su sede, establecimiento, delegación o centro de prestación de servicios situado en el territorio de la comunidad autónoma en la que dicha lengua tenga carácter oficial. Fuera de dicho ámbito territorial, las empresas únicamente estarán obligadas a garantizar la atención en castellano”, explica una de las enmiendas más significativas, que se ha incorporado gracias al predominio del PP y que fue recogida por Europa Press.
El PP establece que la obligatoriedad de atender en lenguas cooficiales se limitará a las interacciones que ocurran dentro de las comunidades autónomas con idiomas cooficiales. Además, se ha suprimido la obligación previa de que los empleados tengan una formación específica en estos idiomas, una disposición que Junts había criticado tras su separación del Gobierno.
La aprobación de la ley por parte del Senado esta tarde no será el fin del proceso, ya que el Congreso deberá confirmar o rechazar las modificaciones hechas por la Cámara Alta o revertir el proyecto a su versión original.
Además de estos cambios, también se ha modificado la terminología de ‘clientela’ a ‘cliente’ y de ‘personas consumidoras vulnerables’ a ‘consumidores en situación de vulnerabilidad’. Se ha ampliado el plazo máximo para responder a consultas, quejas o reclamaciones de 15 a 30 días hábiles y se han adaptado las disposiciones aplicables a las entidades estatales y sus empresas.
En el debate, se ha evidenciado una división clara en las opiniones. Desde el PP y Vox, se ha criticado la ley por considerarla una concesión política innecesaria y una carga ideológica. En contraste, representantes del PSOE y otros partidos han defendido la necesidad de mantener estándares de protección al consumidor y han lamentado la eliminación de los requisitos lingüísticos, que consideran fundamentales para muchos ciudadanos en comunidades bilingües.