La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha subrayado que ningún informe oficial atribuye fallos ni responsabilidades a Red Eléctrica (REE) en el apagón del 28 de abril de 2025 y ha reiterado que los audios filtrados “no tienen ninguna relevancia” para aclarar el denominado cero eléctrico.
Durante su intervención ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el suceso, Corredor remarcó que esos audios, que, según afirmó, “se filtraron de forma bastante interesada y sesgada”, han sido considerados no relevantes tanto por el panel de expertos europeos de Entso-E como por un juez a la hora de explicar lo sucedido el día del apagón.
En esta línea, restó importancia al contenido real de las grabaciones y criticó la intencionalidad con la que se hicieron públicas, al considerar que, al seleccionar de forma parcial unas pocas conversaciones entre los miles de contactos diarios entre los operadores de Red Eléctrica y las distribuidoras, “evidentemente uno puede encontrar casi cualquier cosa”.
También puso en duda el momento elegido para su difusión y el calendario de las filtraciones. “¿Por qué se filtraron el siguiente día a que se hiciera público el informe del panel de expertos, que daba la razón a la Red Eléctrica y que ratificaba punto por punto nuestro informe de hechos? Y además fueron audios que se filtraron, ya digo, de forma bastante interesada y sesgada”, destacó.
Corredor recalcó igualmente que se ha descartado cualquier vínculo entre eventos previos, como el del 22 de abril, y el ‘blackout’ del 28 de abril, al asegurar que no tuvieron “absolutamente nada que ver”.
La programación del sistema no originó el fallo
La presidenta de Redeia, matriz de Red Eléctrica, defendió que los informes oficiales, en especial el definitivo del panel de expertos europeos difundido en marzo, descartan que la programación realizada por el operador del sistema “fuera el problema” que desembocó en el apagón. Subrayó que el incidente se habría producido incluso si se hubiera mantenido en servicio el ciclo combinado de San Roque, que se declaró indisponible y no fue sustituido.
En este sentido, reiteró que “la primera ficha del dominó” que desencadenó el cero eléctrico fue la oscilación generada en una planta fotovoltaica de Badajoz, que “provocó un cambio del escenario de operación”, seguida de las desconexiones de generación fotovoltaica y de centrales de generación cuyos parámetros de tensión se encontraban dentro del rango permitido. “Hubo un incumplimiento de la obligación del 7.4 vigente”, dijo.
Según sus cálculos, “si todos los grupos obligados por el procedimiento 7.4 hubieran absorbido la reactiva a la que estaban obligados, efectivamente no se hubiera producido el apagón”.
Por ello, sostuvo que no se produjo “ningún incumplimiento” por parte de Red Eléctrica, extremo que, remarcó, respaldan todos los informes emitidos. “Ningún informe oficial demuestra o atribuye ningún incumplimiento de la compañía”, insistió.
Además, explicó que la capacidad de observación del operador del sistema eléctrico era limitada, ya que no disponía de información detallada, por ejemplo, sobre las pequeñas instalaciones de autoconsumo, que suman unos nueve gigavatios (GW), “una potencia superior a toda la potencia nuclear española”, ni sobre lo que sucede en las redes de distribución más allá de los centros de control de las distribuidoras, ni tampoco en las redes de evacuación de renovables.
“Las debilidades que se identificaron están en vías de solución”
En este punto, señaló que ya se han puesto en marcha medidas, a partir de las propuestas del operador y del Ministerio, para corregir esas carencias. “La buena noticia, que creo que es lo que importará también a la opinión pública y a los ciudadanos, es que las debilidades que se identificaron están en vías de solución”, afirmó.
Recordó que, tal y como indicó el panel de expertos, es la primera vez que en Europa se registra un cero energético derivado de problemas de control de tensión, por lo que considera “importante que se tomen las medidas necesarias”.
“Situación de indefensión” ante el expediente de la CNMC
Respecto a los procedimientos administrativos abiertos tras el cero eléctrico, Corredor evitó pronunciarse sobre la situación de otros agentes implicados y detalló que, hasta ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene 65 expedientes en curso. En el caso del expediente “muy grave” incoado a Red Eléctrica, indicó que ya se han presentado alegaciones, puesto que se imputan “una serie de hechos indeterminados que no permiten saber exactamente cuáles son los supuestos incumplimientos o indicios”. “Por tanto, nos supone y nos sitúa en una situación de indefensión”, añadió.
Defendió, además, que no puede atribuirse una responsabilidad exclusiva a Red Eléctrica, recordando que, aunque la Ley del Sector Eléctrico establece que el operador es el garante de la seguridad del suministro, eso “no quiere decir que actúe solo en la red”, y que todos los agentes que forman parte del sistema tienen obligaciones reguladas que deben cumplir.
Operación reforzada y coste para los consumidores
Por otro lado, Corredor explicó que el refuerzo de la operación del sistema eléctrico tras el apagón, la llamada operación reforzada, implica un sobrecoste aproximado de cuatro céntimos diarios para los consumidores acogidos a la tarifa regulada PVPC, lo que suma 711 millones de euros acumulados hasta finales de abril.
Recalcó que se trata del “coste de seguridad por la incertidumbre” que tiene el operador del sistema sobre si el resto de agentes “están cumpliendo con su obligación” y precisó que, en cualquier caso, este importe “va a la cuenta de resultados de las empresas de generación”.
Finalmente, Corredor descartó cualquier intención de dimitir, alegando que actuó con la máxima diligencia ante el incidente. “Mi responsabilidad fue reponer el sistema o ayudar a que se repusiera el sistema, porque yo, como sabe muy bien, soy presidenta no ejecutiva”, concluyó, asegurando que el sistema actual se ha reforzado y es más sólido de cara al futuro.