QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo ha requerido al Congreso que organice las sesiones extraordinarias necesarias durante el mes de julio para dar luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible. Este proyecto legislativo se ha visto obstaculizado en la Comisión de Transportes hace una semana debido a las tensiones políticas propiciadas por el caso ‘Koldo’ y las objeciones de Podemos al texto propuesto.
Este proyecto legislativo había avanzado en el Congreso durante la fase de ponencia, un proceso inicial en las etapas parlamentarias donde los grupos se congregan en privado para proponer las primeras modificaciones legislativas mediante enmiendas al articulado. Normalmente, este proceso se concluye en una sola reunión, pero la elevada cantidad de enmiendas presentadas y las discrepancias entre los grupos llevaron a la necesidad de hasta tres convocatorias, resultando en más de 130 enmiendas al texto.
Una de las modificaciones más destacadas en esta fase fue una reforma propuesta por Sumar que busca que el nuevo mapa concesional estatal de paradas de autobuses sea acordado con las comunidades autónomas y que, en las paradas que se eliminen, sea el Estado quien compense económicamente.
LA COMISIÓN QUE IBA A APROBARLA SE DESCONVOCÓ A ÚLTIMA HORA
La Comisión de Transportes, que tenía previsto debatir el proyecto de ley el 18 de junio, lo que supondría casi la última etapa del proceso parlamentario, fue cancelada inesperadamente debido al ambiente de tensión política intensificado por las últimas acusaciones que implican a los exsecretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en presuntos casos de corrupción.
Fuentes cercanas a la comisión indicaron que este contexto ha sido decisivo para cancelar la Comisión, especialmente considerando que esta ley es responsabilidad del Ministerio de Transportes y Ábalos lideraba anteriormente este departamento.
Además, Podemos, cuyo apoyo es crucial en el Pleno, actualmente critica el texto resultante de la ponencia, argumentando que no satisface las demandas mínimas de los grupos ecologistas ni garantiza el transporte público gratuito.
En consecuencia, el Gobierno ha enviado al Congreso una petición, a la que ha tenido acceso Europa Press, para habilitar en julio las sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios ‘que sean necesarios’ para procesar y aprobar la normativa, crucial para la llegada a España de 10.000 millones de euros en fondos europeos.
Esta normativa es un remanente de la legislatura anterior, aprobada en el Consejo de Ministros y presentada en el Congreso para iniciar su proceso parlamentario. No obstante, la convocatoria anticipada de elecciones el año pasado y la subsiguiente disolución de las Cortes impidieron la finalización de su tramitación.
En este contexto, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, retomó el mismo texto y se comprometió a que entrara en vigor antes de finalizar 2024. A pesar de ello, la compleja aritmética parlamentaria del Congreso ha ralentizado los planes del Gobierno y todavía está pendiente su aprobación.
Entre las medidas que incluye el texto se encuentra una iniciativa del Gobierno para realizar un estudio que revisará las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), añadiendo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como un criterio adicional.
Además, el texto incluye una medida promovida por Junts para otorgar beneficios fiscales al Mobile World Congress (MWC) y asegurar su celebración en Barcelona.
