El Pleno del Congreso someterá este martes a debate una iniciativa del PSOE que reclama reforzar los sistemas de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida, así como blindar su carácter permanente, con el objetivo de evitar posibles corruptelas en estos procedimientos, como las que presuntamente se habrían producido en ayuntamientos del PP como Alicante, Málaga, Alcira o Logroño.
La propuesta, formulada como proposición no de ley, subraya que los socialistas consideran que los casos detectados en estos consistorios "erosionan la confianza ciudadana". Por este motivo, el texto reclama que la asignación de viviendas protegidas se lleve a cabo mediante un procedimiento "claro y objetivo".
El PSOE plantea que en estos procesos se garantice la máxima transparencia, ajustándose a criterios que aseguren la concurrencia pública y otorguen prioridad a las personas, o colectivos de personas solicitantes, que figuren inscritas en registros públicos, respetando el orden de prelación establecido en dichos listados.
Vivienda protegida para uso permanente y no para especular
Asimismo, la iniciativa recoge que la vivienda protegida se destine "exclusivamente" a residencia habitual y permanezca ocupada durante los periodos mínimos fijados en la legislación y normativa de aplicación, o a alojamientos de carácter temporal contemplados por la regulación para casos de emergencia o estacionalidad, siempre con autorización expresa de las administraciones competentes.
El texto también propone blindar de forma permanente el régimen de protección de estas viviendas, de modo que los inmuebles construidos o adquiridos con ayudas públicas, beneficios fiscales o situados en suelo público mantengan su calificación protegida, sin posibilidad de descalificación mientras siga vigente la calificación del suelo.
Entre las demás medidas se incluye la creación y mantenimiento de registros públicos de demandantes; el impulso de mecanismos de supervisión y control apoyados en nuevas herramientas de vigilancia institucional; la elaboración de un inventario del parque público y de la vivienda protegida existente; la identificación detallada del suelo público disponible con potencial residencial; y la realización de auditorías sobre las adjudicaciones y operaciones de venta de suelo público efectuadas en los últimos tres años, con el fin de detectar y corregir posibles irregularidades.