El Pleno del Congreso tiene previsto debatir este martes, 19 de mayo, una proposición no de ley registrada por Sumar que plantea introducir los cambios normativos necesarios para impedir la adquisición de viviendas por parte de “personas jurídicas, empresas y fondos buitre” y derogar las socimis, las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.
El grupo plurinacional ya llevó al Hemiciclo una iniciativa similar para frenar la compra de vivienda por fondos de inversión. Lo hizo mediante una proposición de ley en noviembre de 2025, que fue rechazada a trámite por el voto en contra de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que el PSOE y el PNV optaron por la abstención.
El portavoz de Vivienda de Sumar en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, manifestó entonces su malestar tanto por el bloqueo de la iniciativa como por la posición de los socialistas, socios en el Ejecutivo de coalición.
Meses más tarde, a comienzos de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prohibiría a los grandes inversores y compañías adquirir viviendas unifamiliares en el país norteamericano, y Vox se apresuró a respaldar esa propuesta que, en principio, guarda similitudes con la planteada por Sumar.
En este contexto, Ibáñez avanzó que, teniendo en cuenta que al partido de Santiago Abascal ahora sí le encajaba una medida de este tipo, volvería a registrar la iniciativa para su debate en el Pleno del Congreso. Finalmente será este martes cuando se discuta, aunque sin efectos legislativos al tratarse de una proposición no de ley.
Derogación de las socimis y cambios fiscales
Junto al veto a los fondos de inversión, Sumar incorpora en su propuesta un apartado para instar al Gobierno, del que forma parte, a derogar “de forma urgente” la Ley de 2009 que regula las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi), así como a establecer una carga fiscal más elevada para las empresas y fondos propietarios de vivienda que para las familias sobre su vivienda habitual.
El grupo plurinacional fundamenta esta exigencia en que estas sociedades sólo tributan al 1% en el impuesto de sociedades, lo que, a su juicio, ha favorecido la llegada de grandes inversores internacionales a España para profesionalizar el mercado inmobiliario, “mermando así el derecho a una vivienda digna”.
“España se ha convertido en el país con mayor número de socimis; quien hay detrás de esta figura son empresas, fondos de inversión como Blackstone o Cerberus, que poseen más de 1.000 millones de euros en casas y juegan a la especulación, expulsan a la gente de sus barrios y vivienda y vulneran el derecho constitucional a la vivienda”, ha zanjado el grupo.