La proposición de ley del PP contra la ocupación ilegal de viviendas, que contempla desalojos en 24 horas, endurecimiento de penas y la prohibición de empadronar a okupas, ha superado este martes su primer examen en el Pleno del Congreso con el respaldo de Vox, UPN y CC, y la abstención de Junts y PNV.
El PSOE y Sumar, socios en el Gobierno de coalición, junto con el resto de formaciones de la izquierda parlamentaria, han votado en contra, acusando a los 'populares' de sobredimensionar el fenómeno y de legislar en beneficio de bancos, fondos buitre y grandes propietarios.
A partir de ahora se abre el periodo de enmiendas, fase en la que el PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, suelen dilatar mediante prórrogas la tramitación de las iniciativas legislativas que rechazan. De hecho, el Senado remitió hace años a la Cámara Baja una propuesta similar del PP que sigue bloqueada.
La ley de vivienda del PP, también encallada
Hace unas semanas, el Pleno del Congreso decidió igualmente admitir a trámite, en contra del criterio del Gobierno, la ley de vivienda del PP, otra vez gracias a que PNV y Junts optaron por no oponerse. Sin embargo, esta iniciativa continúa pendiente de que concluyan los plazos de enmiendas para poder avanzar.
En defensa de la proposición antiokupación, el diputado Sergio Sayas ha asegurado que la okupación ha crecido "de manera exponencial" en España y que el Gobierno "se está poniendo del lado de los delincuentes". Ha cifrado en 79.000 las viviendas ocupadas y en 21.000 las 'inquiocupadas', reclamando penas más duras también para "las mafias que los organizan y que los alientan", el veto al empadronamiento y que las víctimas dejen de asumir el coste del agua, la luz y el gas de los usurpadores.
Desde el PSOE, el diputado Raúl Díaz Martín sostiene que la propuesta está diseñada para proteger "al gran especulador" y no al pequeño propietario, y ha criticado que se elimine el delito de coacciones para los fondos buitre que corten suministros mientras se agravan las penas para inquilinos que no pueden pagar, una crítica compartida por ERC, Bildu, BNG y Compromís.
La intervención más contundente ha sido la de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha afirmado que la iniciativa está "escrita al dedillo" al servicio de bancos y fondos buitre. En su intervención ha defendido que, si una familia no tiene dónde refugiarse, "hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y hay que meterse dentro".
Por parte del PNV, Mikel Legarda ha reconocido que la usurpación de viviendas es un problema serio para los propietarios y, en ocasiones, para los vecinos del inmueble, pero ha avisado de que no puede abordarse ignorando situaciones de vulnerabilidad ni recurriendo a acusaciones "disparatadas".
Desde Junts, Marta Madrenas ha recalcado que su grupo no negará la realidad que sufren "muchos" ciudadanos, barrios y comunidades de vecinos, ni compartirá el relato que presenta cualquier preocupación por las ocupaciones como "una obsesión ideológica".
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha admitido igualmente que el problema de la ocupación ilegal existe y que "no se puede seguir mirar a otro lado".
Cambios penales y civiles clave en la propuesta del PP
La proposición de ley del PP no sólo pretende acelerar los desalojos por debajo de las 24 horas, impedir el empadronamiento de okupas y permitir el corte de suministros. También persigue diferenciar claramente el concepto de morada de los supuestos de ocupación ilegal, de forma que el usurpador no pueda beneficiarse de esa protección frente a la actuación de la autoridad pública.
En el ámbito penal, la iniciativa modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, una vez abierto un procedimiento por ocupación ilegal, el juez pueda ordenar a la Policía Judicial que requiera a los ocupantes para que abandonen el inmueble voluntariamente en un máximo de 24 horas o aporten un título jurídico válido. Si no lo hacen, el juez dispondrá el desalojo inmediato, informando a los servicios sociales cuando haya menores o personas vulnerables afectadas.
El texto contempla penas de prisión de uno a tres años para los casos de ocupación con violencia o intimidación y sanciones agravadas cuando la ocupación se prolongue más de quince días o participen grupos organizados.
En el plano civil, se faculta a las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas a reclamar la recuperación inmediata del inmueble cuando hayan sido privadas de su uso sin consentimiento.
La propuesta amplía, además, las herramientas de actuación para propietarios y comunidades de vecinos. Ante un riesgo de ocupación en una vivienda o local vacío, el presidente de la comunidad podrá avisar al propietario para que adopte medidas preventivas como tapiar, reforzar cierres o instalar sistemas antiocupación.
Asimismo, la proposición incorpora una disposición final que obliga al Gobierno, en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la ley, a modificar la normativa tributaria para que los propietarios legítimos, una vez exista resolución judicial firme que declare la ocupación ilegal, puedan recuperar las cantidades abonadas en concepto de IBI y del Impuesto sobre el Patrimonio durante el tiempo que el inmueble haya estado ocupado.