El Pleno del Congreso someterá a votación la próxima semana la derogación o convalidación de cuatro reales decretos leyes aprobados por el Gobierno, relativos a las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la prórroga del denominado escudo social con la moratoria antidesahucios, la actualización de las pensiones y el control de precios de productos y servicios en contextos de emergencia.
Como ocurre con cualquier decreto ley, estas normas están en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero deben ser refrendadas o anuladas por el Congreso en un plazo máximo de treinta días. La Junta de Portavoces de la Cámara ha fijado su votación para la semana del 23 de febrero, según han señalado fuentes parlamentarias.
El decreto de ayudas a los afectados por los siniestros ferroviarios prevé compensaciones económicas que van desde los 2.404 hasta los 84.141 euros, dependiendo del tipo y la gravedad de los daños sufridos. A su vez, el decreto que fija un tope a los precios busca limitar, entre otros supuestos, el coste de los billetes de avión en escenarios similares a los accidentes ferroviarios registrados el pasado mes de enero.
Con esta regulación, el Ejecutivo podrá imponer un límite al precio de un servicio o producto cuando declare una situación de emergencia, de forma que el importe no pueda superar el precio máximo que ese bien o servicio haya tenido en los treinta días naturales previos al inicio de dicha situación excepcional.
Separación de las pensiones y el escudo social
De forma paralela, el Congreso deberá decidir el futuro de los decretos que amplían la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la revalorización de las pensiones, medidas que ya fueron sometidas a votación hace menos de un mes en un único texto legislativo que fue rechazado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
Las formaciones que tumbaron aquel decreto argumentaron, entre otros motivos, que respaldaban la actualización de las pensiones, pero no compartían la moratoria antidesahucios ni la prohibición de cortes de suministros básicos a los hogares vulnerables, por lo que el Gobierno optó por escindir el contenido en dos normas diferenciadas.
Además, el Ejecutivo incorporó una modificación, a propuesta del PNV, en el decreto del escudo social para que la prohibición de desahuciar no se aplique a los propietarios que sólo disponen de una vivienda destinada al alquiler. Pese a esta variación, PP, Vox y Junts han reiterado que mantienen su rechazo al decreto.