La Comisión de Defensa del Congreso tiene previsto debatir y someter a votación este jueves si el embargo de armas y productos de defensa ya aplicado a Israel se hace extensivo también al equipamiento policial y de vigilancia que el Estado hebreo pueda utilizar en territorio palestino, en el contexto de su ofensiva sobre la Franja de Gaza y Cisjordania. La iniciativa ha sido registrada por Sumar, ERC y Bildu.
La Cámara Baja respaldó el embargo a la compraventa de material militar con Israel a comienzos de octubre de 2025, después de que el Gobierno lo aprobara como medida de presión sobre Tel Aviv en plena ofensiva sobre los territorios palestinos ocupados, una actuación que el Ejecutivo calificó de "genocidio".
El presidente Pedro Sánchez argumentó entonces que se formalizaba así el veto al comercio militar con Israel que "de facto" se venía aplicando desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que el Estado hebreo lanzó su ofensiva contra Palestina tras la masacre perpetrada por Hamás.
En 2024, España exportó a Israel material por 1,45 millones de euros, pero dicho volumen se destinó "exclusivamente" a componentes reexpedidos a terceros países, entre ellos Filipinas y Estados Unidos. Durante el primer semestre de 2025 no se registraron ventas de este tipo a Israel, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio.
Desde el 7 de octubre de 2023, España ha rechazado 219 licencias de exportación e importación de material de defensa y tecnologías de doble uso con destino a Israel, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Estado de Comercio.
La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), órgano competente en la materia, denegó 64 licencias de exportación y cuatro de importación de material de defensa a Israel entre octubre de 2023 y el 31 de enero de 2026. Desde la adopción formal del embargo en octubre, el número de licencias de exportación e importación rechazadas asciende a 151.
Sumar, ERC y Bildu plantean que la prohibición de transferencias a Israel abarque todo tipo de armamento, equipos, tecnología o componentes que puedan contribuir a la comisión de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos, incluyendo el material policial y de vigilancia utilizado en Palestina.
Estas demandas se recogen en sus propuestas de resolución al "Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" de 2024, a las que ha tenido acceso Europa Press y que se someterán a votación este jueves en la Comisión de Defensa.
Las formaciones independentistas catalana y vasca reclaman asimismo que se mantenga en la próxima legislatura la negativa a autorizar el tránsito por territorio español de buques y aeronaves con material de defensa con destino a Israel, y que se dote de los procedimientos y recursos necesarios para asegurar que esta restricción se cumple de forma efectiva.
Que las armas para EEUU no acaben en manos del ICE
Paralelamente, Sumar, ERC y Bildu aprovechan las propuestas de resolución al informe anual elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio para instar al Ejecutivo a seguir reforzando la evaluación de riesgos y la trazabilidad de las exportaciones de armamento, con los recursos y medidas adicionales que sean precisos, con el fin de evitar que las armas vendidas a Estados Unidos puedan facilitar o implicarse en violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos, tanto en territorio estadounidense como en operaciones militares en el exterior.
En coherencia con ello, reclaman también a la Secretaría de Estado de Comercio que proporcione información más pormenorizada sobre los usuarios finales en Estados Unidos, detallando las unidades militares y las agencias federales receptoras, entre ellas el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El ICE es la agencia estadounidense encargada de las detenciones masivas de inmigrantes y de redadas violentas que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Mineápolis.
ERC y Bildu van más lejos y, en sus propuestas de resolución conjuntas, exigen al Gobierno que rechace las licencias de exportación de armamento al ICE y al CBP hasta que "cese la impunidad" por sus violaciones de Derechos Humanos y el ICE reciba formación específica sobre las normas internacionales relativas al uso de la fuerza y de las armas de fuego y acredite "en la práctica" su cumplimiento.
Además, solicitan que la JIMDDU no autorice exportaciones de armas de fuego, de caza y de tiro deportivo a Estados Unidos ante "la ausencia de medidas suficientes para mitigar el riesgo de perpetuación del ciclo de violencia, su alto índice de violencia armada, el coste y el sufrimiento humano que genera".
En otro bloque de sus propuestas, ERC y Bildu piden que el Gobierno impulse por la vía de urgencia la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Secretos Oficiales, que se encuentra actualmente en fase de enmiendas en el Congreso.
El secretismo en torno a la venta de armas
Junto a ello, ERC, Bildu y PNV persiguen una modificación de la Ley de Secretos Oficiales que suprima el carácter reservado de las actas de la JIMDDU, con el objetivo de arrojar mayor transparencia sobre el comercio de armas en España.
Asimismo, los tres partidos reclaman al Ejecutivo que asuma "un papel más activo" en la defensa y promoción de la Convención de Ottawa, que prohíbe las minas antipersona, y que impulse otras iniciativas multilaterales, como la Convención de Dublín contra las bombas de racimo o los acuerdos para frenar el desarrollo de "robots asesinos".
Más comercio con Israel y trabas a Irán
En sentido contrario, Vox ha registrado en la Comisión de Defensa otras propuestas de resolución al informe, orientadas principalmente a levantar las restricciones a las exportaciones de armas y material de doble uso con destino a Israel y a promover una revisión de la posición común europea que regula el control de las exportaciones de tecnología y equipamiento militar, con el fin de facilitar dichas ventas.
Por su parte, el PP plantea instar a la JIMDDU a denegar autorizaciones administrativas para la exportación de productos y tecnologías de doble uso a Irán, con el objetivo de impedir operaciones como las autorizadas en 2024 a ese país de detonadores y explosivos de tipo A, B y E, entre otros bienes, y reforzar los controles bajo su competencia para garantizar el cumplimiento de los embargos vigentes sobre Irán en materia de comercio de material de defensa o equipos de represión interna.
En 2024, España exportó a Irán detonadores, explosivos tipo A, B y E, reactivos de laboratorio y 'software' de control por un valor de 1.331.289 euros, según recoge el "Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" de 2024. En paralelo, se denegaron tres licencias relativas a juegos de juntas, empaquetadoras para válvulas, válvulas de bola y grabadores térmicos.
El Gobierno sostuvo que ese material no se empleó en la represión de las protestas registradas a finales de diciembre de 2025 por la crisis económica que derivó en demandas para poner fin al régimen de Alí Jamenei. Aquella represión se saldó con más de 3.000 manifestantes muertos, según las cifras reconocidas por las propias autoridades iraníes.