La Mesa del Congreso ha rechazado este martes la solicitud de indemnización por cese presentada por el exministro José Luis Ábalos tras dejar su escaño. La decisión, adoptada por unanimidad, se apoya en un informe de los letrados que recuerda que, en el momento de pedirla, el exdirigente socialista seguía suspendido de sus derechos como diputado tras su ingreso en prisión, y que además dicha prestación sería incompatible con la pensión de jubilación a la que tiene previsto acogerse, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Después de renunciar a su escaño en la Cámara Baja, una vez que el Tribunal Supremo confirmó su situación de prisión provisional por el “caso Koldo” de cara al juicio, Ábalos comunicó que optaría por la jubilación, lamentando haber sido “desprovisto” de todos sus derechos y deberes y “privado de todo ingreso y protección social”.
Los diputados que abandonan el Congreso pueden acceder a la llamada indemnización por cese, una especie de prestación transitoria asimilable al desempleo, siempre que no dispongan de otros ingresos, públicos o privados. El importe equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato. En el caso de Ábalos, diputado de forma ininterrumpida desde abril de 2009, la cuantía habría superado los 57.200 euros.
Sin embargo, en el Congreso existían dudas sobre si conservaba ese derecho, ya que en noviembre, tras decretarse su prisión preventiva, la Mesa acordó suspenderle de sus derechos parlamentarios, dejándole sin sueldo y sin posibilidad de votar.
La suspensión impide acceder a la indemnización
Un informe de los servicios jurídicos, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que no procede reconocer la indemnización porque, cuando la reclamó, Ábalos estaba suspendido de sus derechos, entre los que se incluye la facultad de pedir esta ayuda, y porque ningún otro diputado suspendido en el pasado ha llegado a percibirla.
El dictamen subraya que la suspensión afecta a todos los derechos, prerrogativas y beneficios vinculados a la condición de diputado y que no resulta “razonable” interpretar que la renuncia al acta permita recuperar unos derechos que ya habían quedado extinguidos con anterioridad.
Además, los letrados recalcan que la indemnización por cese está pensada para paliar las dificultades de reincorporación a la actividad profesional del parlamentario y, por tanto, no puede compatibilizarse con ningún otro ingreso, incluida la pensión de jubilación.
De hecho, esta prestación se abona de forma mensual y se suspende en el momento en que el beneficiario percibe otra retribución, ya sea pública o privada. “Ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación, contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias”, recuerdan los servicios jurídicos.
Con este informe sobre la mesa, la dirección de la Cámara ha formalizado este martes, también por unanimidad, la negativa a la petición de Ábalos. Esta misma semana su escaño será ocupado por la siguiente candidata de la lista del PSOE por la provincia de Valencia en las elecciones de 2023.
El precedente de Santos Cerdán
El último diputado que percibió la indemnización por cese fue el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que dejó su escaño el pasado mes de junio, dos semanas antes de ingresar en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, en la que también figura investigado Ábalos.
El PP trató de que la Mesa vetara el cobro de esta prestación a Cerdán, alegando que había ocultado a la Cámara que desde 2016 era titular del 45% de la empresa Servinabar. No obstante, PSOE y Sumar se apoyaron en un informe de los letrados para autorizar el pago.
En aquel momento, los servicios jurídicos determinaron que el entonces “número tres” del PSOE había generado el derecho a percibir casi 19.000 euros por el tiempo en que ejerció como diputado. Cerdán cobró la indemnización durante seis meses, hasta diciembre.
La diferencia con el caso de Ábalos es que Cerdán mantenía intactos sus derechos parlamentarios cuando dejó el Congreso, ya que entregó el acta antes de ingresar en la prisión de Soto del Real (Madrid), de la que salió el pasado mes de noviembre.