El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha reclamado poner en marcha un Bono de Alquiler Joven “eficaz y accesible” y ha censurado que, con el diseño actual, “no alcanza ni al 1% de la población joven debido a su escasa cobertura, descoordinación autonómica y entrega tardía”. Según sus propios cálculos, ese 1% apenas representa el 15% de las personas que podrían optar a la ayuda.
Estas críticas se han planteado durante la comparecencia del CJE ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, donde la organización ha reclamado políticas públicas “urgentes y estructurales” que faciliten el acceso de la juventud a una vivienda y ha alertado sobre la “profunda crisis habitacional que atraviesa la juventud española”.
Entre las iniciativas que ha puesto sobre la mesa, el Consejo ha pedido modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, resaltando que es “imprescindible que esta norma ofrezca protecciones reales para las personas arrendatarias jóvenes, incluyendo el alquiler de habitaciones y los contratos temporales, evitando que figuras jurídicas permitan la desprotección frente a las partes más vulnerables de la relación de alquiler”.
Asimismo, el CJE propone revisar el tratamiento fiscal del alquiler, introduciendo incentivos y gravámenes específicos que impulsen el uso residencial de las viviendas y desincentiven tanto la especulación como el mantenimiento de inmuebles vacíos, de modo que la fiscalidad sirva para “generar más oferta asequible en vez de bonificar indiscriminadamente la tenencia o alquiler lucrativo”.
Impacto en la emancipación y la salud mental de la juventud
Durante su intervención, el Consejo ha subrayado que estas medidas resultan “necesarias tanto desde un punto de vista cuantitativo, con más vivienda asequible, como cualitativo, porque la falta de acceso a la vivienda genera impactos negativos en la salud mental y bienestar de la juventud, como ansiedad o depresión, asociados a condiciones materiales precarias y falta de perspectivas de futuro”.
En esta línea, el portavoz del CJE, Javier Muñoz, ha recalcado que “no estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo condiciones mínimas para vivir con dignidad” y ha advertido de que “cuando una generación entera no puede acceder a un derecho constitucional, el problema es estructural, no individual. Y las soluciones están en la acción política valiente y coordinada”.
El Consejo ha puesto como ejemplo los últimos datos de su Observatorio de Emancipación, que revelan que “solo el 15,2% de las personas jóvenes entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar, el peor registro para un segundo semestre desde que se tienen datos en 2006”, mientras que el alquiler mediano se sitúa en torno a 1.080 euros al mes. Según precisa el CJE, esta cuantía obliga a destinar más del 90% del sueldo si se pretende alquilar en solitario.
Ante estas cifras, el Consejo sostiene que “el análisis de estos datos desmonta discursos que criminalizan a la juventud por su falta de esfuerzo o voluntad de emanciparse. La mayoría de jóvenes trabajan o se forman, pero el mercado de la vivienda y las políticas actuales no lo hacen suficiente para garantizar una emancipación digna. El empleo por sí solo ya no asegura el acceso a derechos básicos como la vivienda”.