El Defensor del Pueblo ve imprescindible “clarificar” la actual respuesta normativa frente al auge de las llamadas comerciales no deseadas o 'spam', tanto en lo relativo a la definición de las conductas permitidas, prohibidas y reguladas, como en lo referente al reparto de competencias entre las distintas administraciones.
Esta valoración figura en el Informe Anual de actividad de 2025 del organismo, entregado este martes por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
Según subraya la institución, deberían asumirse como premisas “esenciales” que las técnicas de interlocución mediante telemarketing y otros canales digitales “siguen patrones de evolución muy rápidos y, por lo tanto, que los esfuerzos deberían concentrarse en establecer una mayor autonomía de decisión para los consumidores y usuarios”, apoyándose en el criterio de que el consentimiento ha de ser “explícito, finalista y estar temporalmente acotado”.
En paralelo, el informe, recogido por Europa Press, remarca “la necesidad de una reacción de los órganos supervisores que sea más completa, ágil y accesible para los casos de contravención”, de forma que la ciudadanía disponga de vías efectivas frente a vulneraciones reiteradas.
El texto recuerda que los usuarios pueden manifestar su oposición expresa a este tipo de comunicaciones mediante los sistemas de exclusión publicitaria, entre ellos la popular 'Lista Robinson'. No obstante, Gabilondo advierte en su informe de que “a pesar de que miles de personas se encuentran dadas de alta en estos sistemas de exclusión, y pese a no haber prestado consentimiento previo a la recepción de llamadas no deseadas, no parece que ello resulte suficiente para detener este hecho, a juzgar por la persistencias de quejas ante la agencia y también ante esta institución”.
El Defensor del Pueblo añade que “desde hace años” viene acumulando reclamaciones de ciudadanos que denuncian la recepción de llamadas no deseadas con fines comerciales —“habitualmente muy persistentes”—, tanto desde números fijos como móviles, a través de las que se les proponen distintos servicios, en muchos casos vinculados a compañías energéticas, aunque también de otros sectores.
Por último, el informe alude a la “muy reciente” entrada en vigor de la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, que regula los servicios de atención a la clientela, y precisa que esta novedad normativa “no permite aún establecer un criterio sobre el grado de efectividad que se logre con su aplicación”, un aspecto que la institución prevé analizar “posteriormente”.