El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado la “colaboración de todos” para hacer efectivo el derecho a la vivienda y culminar las actuaciones de oficio que la institución mantiene abiertas con las distintas administraciones en esta materia. Ha avisado de que “solo un acuerdo entre las distintas administraciones podría lograr un avance sustantivo” para asegurar una vivienda digna.
Gabilondo ha comparecido este martes ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados, donde ha presentado el informe anual de la institución, que recoge 38.762 expedientes gestionados y la atención directa a 44.278 personas durante el último ejercicio.
El Defensor ha detallado que a finales de junio de 2025 se iniciaron actuaciones de oficio con todas las comunidades y ciudades autónomas, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y con los diez ayuntamientos de las ciudades más pobladas del país. Se les solicitó información sobre las medidas en marcha o previstas para garantizar el acceso a vivienda protegida y asequible y para aumentar el parque público de vivienda. “Esta actuación sigue abierta”, ha indicado, insistiendo en que también se “necesita para eso también la colaboración de todos”.
El Informe atribuye el problema de acceso a la vivienda, principalmente, a la escasez de vivienda pública y social, “muy inferior a la media europea”, según ha apuntado Gabilondo, y a la falta de ayudas “eficaces” y a los retrasos en su tramitación. El documento recoge que muchos ciudadanos trasladan que no pueden acceder a una vivienda a precios de mercado y que soportan “esperas interminables” en los procesos de adjudicación de vivienda pública y protegida.
Afecta más a jóvenes y familias vulnerables
Según ha explicado, la dificultad para acceder a una vivienda incide con mayor intensidad en jóvenes, personas con rentas bajas y familias en situación de vulnerabilidad, que “deben destinar una gran parte de sus ingresos al alquiler o directamente no pueden acceder a una vivienda”. La problemática “se agrava en grandes ciudades y zonas turísticas, donde el alquiler turístico reduce la oferta disponible y aumenta la presión sobre el mercado”.
El Defensor del Pueblo ha trasladado a las administraciones la conveniencia de reforzar el parque de vivienda pública en alquiler, agilizar y mejorar la gestión de las ayudas, asegurar procedimientos de adjudicación transparentes y poner límites al alquiler turístico. Ha recalcado también la importancia de proteger a las personas vulnerables ante desahucios, “sin dejar de combatir las ocupaciones ilegales”.
Gabilondo ha remarcado que la institución ha recibido numerosos avisos de personas que iban a sufrir un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual. Ha advertido de que entre las personas sin hogar hay quienes tienen empleo o perciben pensiones públicas, pero se ven “empujadas a abandonar su domicilio por la imposibilidad de afrontar incrementos desproporcionados de los alquileres”. A su entender, “la respuesta de las administraciones a este problema no resulta satisfactoria”.
Ha añadido que “no puede olvidarse la existencia de asentamientos de chabolas e infraviviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Esto ocurre en nuestro país, separados y aislados de los núcleos urbanos, cuya solución debe convertirse en una prioridad para las Administraciones, que deben poner el foco en el realojo rápido y efectivo de sus habitantes”.
Alerta por “situaciones de desamparo” en la infancia
En otro bloque de su intervención, Gabilondo ha advertido sobre las “situaciones de desamparo de niños, niñas y adolescentes” recogidas en el Informe Anual de 2025, y ha instado tanto a las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado a trabajar por “la plena integración de toda la infancia extranjera que está en España”.
En el ámbito de la protección de menores, el Defensor ha señalado que los casos de desamparo detectados “llevan a comprobar la adecuación de las medidas adoptadas por las entidades de protección al principio de interés superior del menor. Buscando lo que más se ajusta a su seguridad y su bienestar, así como su horizonte de futuro”.
En esta línea, ha emitido una recomendación a las administraciones competentes para que “se realicen todas las actuaciones necesarias de comprobación y de intervención familiar previas a la medida de separación del menor de su núcleo familiar”, coordinándose con los servicios sociales municipales y los centros educativos, tras constatar experiencias en las que “no está seguro de que esto se haya realizado así”.
También ha indicado que en 2025 se reabrió la actuación de oficio sobre violencia sexual en el sistema de protección, y se volvió a requerir información a las administraciones para “actualizar los datos recabados en 2023”, aunque ha lamentado que “todavía estaban pendientes de recibirse las respuestas de varias comunidades autónomas”.
Ha recordado que “el año 2023 ya puso de manifiesto la dificultad de contar con datos fidedignos, así como la necesidad de efectuar un estudio específico sobre el riesgo de explotación sexual de los menores que se encuentran en el amparo del sistema de protección”.
Asimismo, ha aludido al informe monográfico sobre infancia extranjera en España presentado en 2025, en el que la institución consideró imprescindible avanzar hacia la “plena integración” de todos los menores de origen extranjero presentes en el país, tanto los que viven con sus progenitores como quienes han realizado “su periplo migratorio sin referentes adultos”. A su juicio, “ese debería ser el objetivo -y es la recomendación del informe- tanto de las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado”.