El pleno del Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de prolongar de nuevo, hasta agosto de 2027, la exención a las normas europeas de privacidad que autorizan a las plataformas a detectar abuso sexual infantil en Internet y que caducará el próximo mes de abril. Se trata de una prórroga que aún debe acordarse con los Veintisiete y que pretende impedir un vacío legal mientras se cierra un marco estable para frenar la difusión de contenido pedófilo en la Red.
Reunidos en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados han fijado su posición con 458 votos favorables, 103 en contra y 63 abstenciones, con el objetivo de evitar que decaiga la exención a la directiva de privacidad electrónica prevista para el 3 de abril.
Con esta decisión, la Eurocámara abre la puerta a la negociación con los Estados miembros, que en enero se inclinaron en su postura por una extensión de dos años, hasta abril de 2028, en línea con lo planteado por la Comisión Europea en su propuesta inicial. Los negociadores de ambas instituciones tratarán de cerrar un compromiso en una primera reunión este jueves, 12 de marzo.
La medida consiste en una derogación parcial de las reglas de protección de datos en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, que faculta a los proveedores de estos servicios —como las aplicaciones de mensajería— a emplear tecnologías específicas para tratar datos personales y de otra índole con el fin de localizar abusos sexuales a menores en Internet.
El régimen excepcional contempla también que los proveedores faciliten a las autoridades competentes y a la Comisión Europea información relativa a las denuncias de abusos sexuales contra menores, con el propósito de favorecer la identificación de las víctimas, la presentación de denuncias y la retirada de los contenidos ilícitos.
En este marco, y aunque apoyan la exención, los eurodiputados insisten en que las medidas voluntarias deben ser proporcionadas y estar claramente delimitadas, y recalcan que no deben aplicarse a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo.
Los parlamentarios europeos rechazan igualmente que se autorice el escaneo conjunto de los datos de tráfico y de los datos de contenido, por lo que reclaman que esta práctica quede expresamente prohibida.
De acuerdo con el texto aprobado por la Eurocámara, la tecnología utilizada para la detección voluntaria de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) sólo debería aplicarse al material que ya haya sido identificado o señalado como tal por un usuario, un denunciante de confianza o una organización.
Además, las actuaciones deberán centrarse en los usuarios o grupos de usuarios sobre los que exista una sospecha razonable de estar vinculados con ese tipo de material.