El PNV pretende servirse de la reforma de la Constitución que se está tramitando en estos momentos en el Congreso —centrada en que Formentera pueda contar con un escaño propio en el Senado, separado del que comparte con Ibiza— para intentar introducir cambios "profundos" en la Carta Magna. Entre sus objetivos figuran que se recoja el derecho de autodeterminación de "las naciones", la eliminación del artículo 155 que faculta al Estado a intervenir gobiernos autonómicos y la fijación de límites a la inviolabilidad del Rey.
Los nacionalistas vascos han presentado a esta modificación del artículo 69.3 de la Constitución las mismas once enmiendas que ya registraron en 2024 durante la reforma del artículo 49, que sustituyó el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad".
Dos de estas propuestas de cambio buscan "reconocer y garantizar el derecho a decidir" de la ciudadanía vasca, supeditando su ejercicio a un acuerdo con el Estado. "La plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado", recoge la nueva Disposición Adicional planteada.
Limitación de la inviolabilidad del Rey y supresión del 155
Asimismo, el PNV plantea reformar el artículo 56.3 para restringir la inviolabilidad del monarca a sus funciones institucionales, es decir, a los actos que lleve a cabo como representante de la Corona, excluyendo sus actividades de carácter privado. Este cambio exigiría, no obstante, seguir el procedimiento agravado de reforma constitucional, que implica la convocatoria de un referéndum y la disolución de las Cortes.
En paralelo, los jeltzales defienden la eliminación del artículo 155 al considerar que "para los fines pretendidos en este artículo son suficientes los mecanismos ordinarios de respuesta contemplados en la Constitución". También reclaman modificar el artículo 8 para retirar a las Fuerzas Armadas la misión de "garantizar el ordenamiento constitucional" y la "integridad territorial", argumentando que, "en una democracia", esa función corresponde a los tribunales de justicia.
Blindaje foral y nueva Sala Foral en el Constitucional
Con la intención de reforzar la protección institucional de los Derechos Históricos, el PNV incorpora dos enmiendas que crean sendas disposiciones adicionales nuevas. En una de ellas se prevé una "cláusula de salvaguarda de las materias propias forales" y en la otra se propone la constitución de una "Sala Foral del Tribunal Constitucional", encargada de resolver los conflictos derivados de las leyes aprobadas por el Parlamento Vasco y de las Normas Forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos.
Conflictos competenciales y suspensión de leyes autonómicas
Los nacionalistas vascos plantean también la creación de una Junta Arbitral entre la comunidad vasca y el Estado para resolver la totalidad de los conflictos de competencia que se produzcan. Con el fin de "mejorar el reparto competencial" actual, proponen reformar el artículo 149, relativo a la Organización Territorial del Estado, y modificar el artículo 117 para "adecuar el poder judicial a la estructura descentralizada".
Otra de las enmiendas del PNV pretende corregir lo que califican de "disfuncionalidad para un desarrollo adecuado del modelo territorial basado en el reconocimiento de una verdadera autonomía de las diversas comunidades políticas existentes en el Estado". Para ello, reclaman suprimir la suspensión automática de las leyes autonómicas cuando sean recurridas por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional, tal y como establece el artículo 161.