El PP propone ensanchar el listado de gastos electorales asumidos por los partidos políticos para que pasen a computar también los costes vinculados a la retransmisión de actos de campaña y a las comidas o cenas con militantes organizadas como mítines, entre otros conceptos.
Esta petición figura en las propuestas de resolución registradas por el Grupo Popular a los informes del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las contabilidades electorales de las generales de 2023 y de las elecciones europeas de 2024.
En dichos documentos, que se someterán a votación en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y a los que ha tenido acceso Europa Press, el PP defiende concretar nuevos epígrafes dentro de la relación de “gastos electorales” prevista en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
De acuerdo con esta ley, se consideran gastos electorales los realizados por partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que concurran a las elecciones desde el día de la convocatoria hasta la proclamación de electos, bajo distintos conceptos.
Qué contempla ahora la LOREG
En particular, se incluyen los gastos dirigidos a la confección de sobres y papeletas, a la correspondencia y franqueo, a la propaganda y publicidad directa o indirecta para pedir el voto con independencia del soporte utilizado, al alquiler de locales para actos de campaña, a las remuneraciones o gratificaciones del personal contratado para la campaña y a los desplazamientos de candidatos, dirigentes y personal al servicio de la candidatura.
También forman parte de esta categoría los intereses de los créditos solicitados para la campaña electoral, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente, así como los desembolsos necesarios para la organización y funcionamiento de oficinas y servicios imprescindibles para el desarrollo de las elecciones.
En sus últimos informes de fiscalización de contabilidades electorales, el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a que se “especifiquen en mayor medida” las categorías de gastos electorales a las que alude el artículo 130 de la LOREG. Ahora el PP asume esa recomendación y formula sus propias propuestas para concretarlas.
Nuevos supuestos: retransmisiones, comidas y espacios
En este marco, los populares reclaman que se amplíen los supuestos de gasto electoral para que se consideren como tales la realización y retransmisión de actos de campaña, los desplazamientos vinculados a los mismos, la organización de comidas y cenas electorales, el avituallamiento de interventores y apoderados y el alquiler de espacios destinados a su atención y coordinación.
Además, la formación de Alberto Núñez Feijóo pretende que los partidos revisen las facturas y recomienden a las empresas que les hayan emitido facturas superiores a 10.000 euros por operaciones de campaña que aporten en plazo al Tribunal de Cuentas la información requerida.
El PSOE también ha introducido observaciones sobre los gastos electorales en las propuestas de resolución registradas en las Cortes. En su caso, apuesta por modificar la LOREG para incorporar una “regulación más específica de las categorías” de estos gastos, tal y como sugiere el Tribunal de Cuentas, aunque sin detallar medidas concretas.
Posturas de PSOE y Vox sobre la fiscalización
Con todo, los socialistas llaman a los grupos parlamentarios a aprovechar la reforma de la LOREG que se tramita en el Congreso para impulsar iniciativas que eviten la “falta de correspondencia que puede producirse entre el límite máximo de gasto y el importe de las subvenciones electorales a percibir”.
Por su parte, Vox propone que la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas inste al Gobierno a que el cálculo de los intereses de los créditos contratados por los partidos para las campañas, y su consideración como gasto reembolsable, se efectúe “hasta el pago de la subvención por parte de las administraciones públicas”.
Asimismo, la formación de Santiago Abascal reclama al órgano presidido por Enriqueta Chicano que homologue los criterios de fiscalización entre todos los procesos electorales y que tenga concluida la revisión de las contabilidades de las elecciones generales en un plazo máximo de seis meses desde su celebración.