El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que el Gobierno ponga en marcha programas de apoyo a las familias a través de bonos o ayudas destinadas a actividades extraescolares, con el objetivo de favorecer la conciliación, iniciativa que se debatirá en la Comisión de Igualdad.
Según recoge el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' reclaman la creación de estos programas de respaldo a las familias mediante bonos o ayudas para actividades extraescolares, con el propósito de mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar y de impedir que esta carga recaiga "de forma desproporcionada" sobre las mujeres.
Además, el partido defiende la puesta en marcha de medidas correctoras de carácter estructural para reducir la brecha salarial y laboral de género, actuando sobre la precariedad, la parcialidad involuntaria, la segregación sectorial y las discriminaciones retributivas, en especial en lo relativo a los complementos salariales.
En paralelo, el PP propone reforzar un "sistema efectivo" de conciliación y corresponsabilidad que asegure el acceso universal y gratuito a la educación infantil de 0 a 3 años mediante un modelo de cofinanciación al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, "como herramienta clave para favorecer la igualdad de oportunidades en el empleo y reducir las interrupciones laborales asociadas a los cuidados".
En coherencia con este enfoque, la formación reclama regular y desarrollar "plenamente" el permiso parental retribuido, de acuerdo con la Directiva (UE) 2019/1158 sobre la conciliación de la vida familiar y profesional. En este sentido, exige que se garantice su carácter remunerado, "suficiente y corresponsable", con el fin de "evitar impactos negativos en la carrera profesional de las mujeres", y urge al Gobierno a completar su transposición, recordando que el plazo "ya ha sido incumplido".
Asimismo, el PP plantea abordar la brecha de género en el sistema de pensiones distinguiendo dos dimensiones estructurales. Por un lado, reclama reforzar las medidas de corrección en origen incluidas en la proposición, "orientadas a igualar trayectorias laborales y bases de cotización entre mujeres y hombres, como vía principal y sostenible de equiparación de pensiones a largo plazo".
Por otro lado, demanda asegurar la suficiencia de las pensiones de aquellas mujeres cuyas carreras profesionales ya no pueden modificarse, mediante mecanismos de solidaridad financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no a través de las cotizaciones sociales.
Finalmente, el texto insta a revisar de forma periódica el "impacto real" de las políticas de igualdad en términos de resultados, empleando indicadores "objetivos" sobre brecha salarial, laboral y de pensiones, y ajustando las medidas públicas en función de su efectividad. Para ello, propone encomendar esta evaluación a un organismo independiente "que garantice la objetividad y el rigor de los resultados".