El PSOE tiene previsto defender la próxima semana en el Pleno del Congreso una propuesta dirigida a reforzar los sistemas de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida, así como a blindar el carácter permanente de este tipo de inmuebles. Con ello busca evitar prácticas irregulares en estos procesos, como las que presuntamente se habrían producido en gobiernos municipales del PP en ciudades como Alicante, Málaga, Alzira o Logroño.
“Estas actuaciones de gobiernos del PP erosionan la confianza ciudadana y hacen imprescindible la actuación socialista para reforzar las garantías públicas”, sostiene el PSOE en el texto de la iniciativa, incorporada al borrador del orden del día de la próxima sesión plenaria, al que ha tenido acceso Europa Press.
La iniciativa reclama que la adjudicación de viviendas protegidas se someta a un procedimiento “claro y objetivo” que garantice la transparencia, basado en criterios que aseguren la pública concurrencia y otorguen prioridad a las personas o unidades de convivencia inscritas en registros públicos, respetando el orden que figure en dichos listados.
Vivienda protegida permanente y sin uso especulativo
Asimismo, el PSOE plantea que la vivienda protegida se destine “exclusivamente” a residencia habitual y permanezca ocupada durante los periodos mínimos fijados en la legislación y normativa aplicable, o bien a alojamientos de carácter temporal previstos por la regulación para casos de emergencia o estacionalidad, siempre con autorización expresa de las administraciones competentes.
El texto propone además blindar la vivienda protegida con carácter permanente, de forma que las viviendas construidas o adquiridas con ayudas públicas, beneficios fiscales o ubicadas en suelo público conserven su régimen de protección y no puedan ser descalificadas mientras se mantenga la calificación del suelo.
Entre las medidas adicionales se incluye la creación y mantenimiento de registros públicos de demandantes; el impulso de mecanismos de supervisión y control mediante nuevas herramientas de vigilancia institucional; la elaboración de un inventario del parque público y de la vivienda protegida existente; la identificación detallada del suelo público disponible con potencial residencial; y la auditoría de las adjudicaciones y ventas de suelo público realizadas en los últimos tres años, con el fin de detectar y corregir posibles irregularidades.