El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Prieto, ha advertido este lunes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional de que el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras presenta serias deficiencias en la comprobación de la identidad, un elevado riesgo de fraude documental y posibles espacios de “impunidad” para redes delictivas si se aplica sobre un sistema “ya saturado” y sin un refuerzo policial y tecnológico suficiente.
En declaraciones a Europa Press antes de su intervención en el Congreso, en la ponencia sobre el proceso de regularización, Prieto ha explicado que reclaman un análisis específico desde la óptica de la seguridad y que, a su juicio, no se debe poner en marcha el procedimiento “sin tener en cuenta a la Policía y a los controles de seguridad pertinentes” porque “sería un grave error”.
“Lo prioritario es que se identifique a las personas desde un primer momento, que exista una interoperabilidad de las bases de datos como medidas más prioritarias”, ha señalado.
Apoyo condicionado a garantías de seguridad
Durante su comparecencia, el representante del SUP ha insistido en que el sindicato no rechaza la regularización de quienes llevan años residiendo y trabajando en España, pero sostiene que ningún proceso de carácter masivo debería impulsarse sin salvaguardas para la seguridad jurídica del Estado, la protección de las bases de datos y la capacidad operativa de los cuerpos policiales.
El sindicato se basa en el documento “Análisis de Riesgos relativos a la Regularización Extraordinaria”, donde se recuerda que España ha pasado en pocas décadas de ser un país de emigración y tránsito a consolidarse como “destino estratégico” de los flujos migratorios internacionales. Según recoge el informe, la población de origen extranjero ha pasado del 1% en 1986 al 14% en 2025.
En este escenario, Prieto ha indicado que el plan contempla, con cifras del Gobierno, alrededor de 750.000 solicitudes y unos 500.000 posibles beneficiarios, con un coste administrativo cercano a 25 millones de euros. A la vez, ha puesto de relieve que en 2024 se dictaron 51.025 órdenes de expulsión, de las que solo se ejecutaron 3.398, lo que sitúa la tasa de ejecución por debajo del 10%.
El responsable del SUP considera que la regularización se pretende aplicar sobre “un sistema ya saturado, con dificultades reales para ejecutar sus propias resoluciones y sin los recursos policiales y tecnológicos necesarios para afrontar la carga que el macroproceso va a generar”.
España, “el eslabón más débil” de Schengen
Prieto ha añadido que España está asumiendo el coste de ser vista dentro del espacio Schengen como “el eslabón más débil de la cadena”, al convertirse, según ha dicho, en destino de movimientos secundarios de personas en situación irregular en otros estados miembros.
Entre las debilidades operativas, ha destacado que la “tramitación urgente” recorta de forma notable los plazos de instrucción de cada expediente y reduce la capacidad de la Policía Nacional para detectar posibles amenazas.
Además, ha remarcado que la comprobación inicial de la documentación recae en personal administrativo de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, y no en especialistas policiales, lo que, a su entender, abre una “ventana de vulnerabilidad” porque una identidad puede ser “blanqueada” antes de la toma de huellas y de la expedición del TIE.
El dirigente sindical ha hecho hincapié en las “brechas” en la verificación de identidad y antecedentes, recordando que la identificación fiable es “el pilar sobre el que descansa toda la seguridad pública”.
En este sentido, ha alertado de que la falta de pasaportes válidos o la utilización de identidades múltiples impide que las consultas al Sistema de Información de Schengen y a las bases de datos de Europol sean efectivas, de modo que, sin esa trazabilidad, “no se puede saber quién está realmente solicitando la regularización”.
Fraude documental y presión del crimen organizado
Prieto también ha puesto sobre la mesa el riesgo de fraude documental y ha recalcado que la saturación de las oficinas de Extranjería va más allá de un problema burocrático, ya que “cuando el sistema colapsa, el crimen organizado llena el vacío”.
Según ha explicado, agentes del SUP ya han detectado redes criminales que ofrecen en canales de Telegram y Facebook “kits de arraigo”, con empadronamientos falsos, contratos simulados y certificados de convivencia fabricados para acreditar la residencia previa al 31 de diciembre de 2025.
Por último, ha avisado de que la UCRIF, unidad especializada en redes de inmigración ilegal y falsedades documentales, corre el riesgo de verse apartada de sus cometidos principales si sus efectivos se destinan a custodiar y tramitar un macroproceso administrativo.
Para el Sindicato Unificado de Policía, esto supondría pasar de “golpear redes” a “apagar fuegos” administrativos, justo cuando aumentan los incentivos al fraude. Por ello, Prieto ha reclamado un paquete de medidas, entre ellas refuerzo presupuestario, interoperabilidad biométrica obligatoria, verificación de documentos originales, blindaje operativo de la UCRIF, un plan antifraude en el empadronamiento y la eliminación de la declaración jurada para acreditar antecedentes penales.