QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Cultura, según declara el Gobierno, «no ha recibido hasta la fecha comunicaciones o quejas formales que acrediten casos concretos de sobrebloqueo» relacionados con el caso conocido como ‘LaLigaGate’. Ante esta situación, el Ejecutivo anima a los afectados a que presenten recursos judiciales si creen que se han vulnerado sus derechos.
Esta aclaración se produce en una respuesta a ERC durante una sesión en el Congreso de los Diputados, donde se debatían las consecuencias de las medidas de bloqueo impuestas por LaLiga y Movistar+ contra sitios web que difunden partidos de manera ilegal.
ERC ha expresado su preocupación por lo que consideran una medida «claramente desproporcionada y altamente lesiva para derechos e intereses legítimos de terceros», denominando al incidente como ‘LaLigaGate’. Por su parte, el Gobierno subraya la importancia de que las restricciones en el ámbito digital cumplan con principios de «proporcionalidad, necesidad y adecuación».
El Ejecutivo recalca que estas son decisiones judiciales y que la Administración «no ha sido parte» en ellas, correspondiendo su ejecución al Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Española. Sin embargo, se mantiene vigilante sobre el debate público que estas decisiones han generado y recuerda que las partes afectadas pueden impugnarlas judicialmente si consideran que infringen sus derechos.
El Gobierno también señaló que no dispone de datos cuantitativos sobre los daños posiblemente ocasionados por ‘LaLigaGate’ y enfatiza que, en caso de existir perjuicios, se deben utilizar los mecanismos judiciales adecuados para su evaluación y reparación. Asimismo, recuerda que la reparación de daños por ejecución de sentencias es competencia del ámbito judicial, aunque reconoce la legítima preocupación por contar con procedimientos ágiles para el reclamo de daños y perjuicios.
Finalmente, el Gobierno reitera el compromiso de supervisar estos procesos a través del control judicial y recalca la necesidad de un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y las libertades fundamentales, animando a todos los afectados a accionar las vías legales pertinentes.
