Este martes, el Congreso inicia las deliberaciones sobre una reforma legal, que según Junts ha sido acordada con el Gobierno, para que las empresas con una plantilla superior a 250 empleados, una facturación anual mayor a 50 millones de euros o que ofrezcan servicios de interés general, proporcionen atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, sin importar su ubicación.
La ponencia de la Comisión de Derechos Sociales, compuesta por representantes de varios grupos parlamentarios, se reunirá hoy, 23 de septiembre, en un encuentro no público para organizar y comenzar a incorporar las enmiendas presentadas al texto de la ley.
Esta convocatoria se produce una semana después de la cancelación de una primera reunión y del anuncio por parte de Junts de esta medida, que ha generado gran controversia en el sector empresarial y críticas de partidos como el PP y Vox.
CONSUMO DICE QUE LA INTENCIÓN NO ES ESA
Tras la revelación de Junts, Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, precisó que la medida sigue en negociación y que el propósito del Gobierno es asegurar que las reclamaciones se atiendan en catalán, gallego o euskera en las regiones donde estas lenguas son oficiales, aunque las empresas operen a nivel nacional. El ministro de Sumar añadió que la medida solo afectará a grandes corporaciones, no a pequeños negocios como ‘una ferretería’.
La ponencia, que ha registrado 234 enmiendas, no descarta la necesidad de otra sesión antes de pasar el proyecto a la Comisión de Consumo y Derechos Sociales. Dentro de las enmiendas de Junts, una modifica la exposición de motivos para dejar claro que las empresas deberán responder a consultas y reclamaciones ‘en la misma lengua en la que se realizaron estas’.
La formación de Carles Puigdemont argumenta que esta regulación impactará a sectores como el eléctrico, de gas, agua, telecomunicaciones, aeronáutico, ferroviario, autobuses, servicios postales, plataformas audiovisuales, servicios financieros y aseguradoras, entre otros. También se exigirá que la atención al cliente en las empresas mencionadas se realice en el idioma con el que el cliente se ha comunicado, y no solo en castellano, adaptando igualmente las comunicaciones escritas a la lengua solicitada por el cliente.
Además, la normativa busca garantizar que los clientes sean atendidos personalmente en lugar de por máquinas si así lo prefieren y que no esperen más de 3 minutos para ser atendidos en una reclamación.
La ley también prohibirá las llamadas spam con códigos alfanuméricos para bloquear llamadas comerciales no consentidas, y declarará nulos los contratos realizados mediante llamadas telefónicas no consentidas, obligando a las empresas a renovar el consentimiento cada dos años. Se comunicará con 15 días de antelación la renovación automática de servicios o suscripciones online, facilitando también la baja voluntaria.
La legislación también abordará las reseñas falsas en línea, permitiendo a las empresas responder y solicitar la eliminación de aquellas que no sean reales, y exigirá que los precios de entradas y billetes en venta online incluyan desde el principio los gastos de gestión.
Tras finalizar la ponencia, el texto será enviado a comisión y luego al Pleno para su aprobación, procediendo posteriormente al Senado para continuar con la tramitación legislativa.