La propuesta legislativa desarrollada conjuntamente por el Gobierno y Junts, que busca imponer a las grandes empresas la obligación de ofrecer servicios de atención al cliente en las diversas lenguas cooficiales de España, será revisada hoy, 29 de octubre, en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso, marcando el antepenúltimo paso de su proceso parlamentario.
Este pacto se sitúa dentro de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que ya ha superado tres encuentros a puerta cerrada en su fase de ponencia y que ahora se someterá a un nuevo escrutinio en una sesión pública de la Comisión mencionada.
En esta ocasión, se presentarán nuevas enmiendas al texto y se procederá a la votación del dictamen resultante. De ser aprobado, el documento será llevado al Pleno en la semana del 11 de noviembre para su ratificación final en la Cámara Baja, antes de continuar su trámite en el Senado, donde seguirá un proceso legislativo similar.
CRUCE DE VERSIONES CON JUNTS
Desde su discusión en ponencia, el proyecto promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy ha sido modificado con enmiendas de varios grupos parlamentarios.
Una de las modificaciones más relevantes fue la de establecer la obligación para empresas con más de 250 empleados, una facturación superior a 50 millones o que ofrezcan servicios de interés general, de proporcionar atención al cliente en las diferentes lenguas cooficiales del Estado.
Junts anunció un acuerdo con el Gobierno para establecer esta obligación y que la medida fuese efectiva sin importar el lugar de actividad de la empresa. Sin embargo, el Ministerio de Pablo Bustinduy precisó que la medida solo sería aplicable en comunidades bilingües. Finalmente, en la ponencia se modificó el texto para limitar su efectividad solo a las comunidades autónomas bilingües y no en todo el territorio, contrariando las pretensiones independentistas.
LÍMITE GEOGRÁFICO
La enmienda transaccional incluida al texto, pactada también con Bildu y BNG, especifica que a petición del consumidor o usuario en comunidades con varias lenguas oficiales, «se asegurará la atención en el idioma oficial que se solicite, siempre y cuando la empresa preste servicios en aquellas comunidades autónomas que disponen de lengua oficial diferente al castellano y la lengua utilizada sea oficial en dicha comunidad autónoma».
Además, se ha realizado otra modificación para garantizar que las consultas, quejas, reclamaciones o incidencias de las empresas que operen en comunidades con lengua oficial diferente al castellano se realicen «en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales» cuando el servicio de atención al cliente sea dirigido a usuarios de comunidades con lenguas cooficiales.
Estos ajustes concretan así la medida que Junts pactó con el Gobierno, pues hasta este momento no existía ninguna delimitación geográfica en el texto original y solo se requería a las empresas proporcionar los medios adecuados para «garantizar los derechos lingüísticos de la clientela» y ofrecer formación específica en lenguas cooficiales.