La Comisión Europea ha ratificado que el Gobierno de España no remitió a Bruselas la regulación que impone el uso obligatorio de la baliza V16 conectada, una omisión que podría acarrear consecuencias jurídicas. No obstante, el Ejecutivo comunitario subraya que son los propios Estados miembro quienes deben determinar si sus proyectos normativos están sometidos o no al deber de notificación previa.
En una respuesta parlamentaria a la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, indica en nombre de Bruselas que los Reales Decretos españoles que fijan la obligatoriedad del dispositivo y su conexión con la Dirección General de Tráfico (DGT), “no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”.
El documento puntualiza, sin embargo, que corresponde a cada Estado miembro analizar si una disposición nacional entra dentro del ámbito de aplicación de dicha obligación de notificación, y evita pronunciarse de forma taxativa sobre si, en este caso concreto, España estaba o no jurídicamente obligada a comunicar la medida a la Comisión.
A renglón seguido, Bruselas recuerda el marco general establecido en la normativa comunitaria y apunta que, si un país de la UE incumple el deber de notificar un reglamento técnico cuando proceda, la Comisión puede “aplicar medidas” en virtud de los Tratados, que prevén actuaciones frente a posibles infracciones del Derecho de la Unión por parte de los Estados.
El Ejecutivo comunitario detalla además las derivadas legales de este tipo de situaciones y recalca que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados a la Comisión de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535”.
La Comisión explica igualmente que el empleo de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a escala europea, de modo que cada país puede fijar sus propias normas de circulación. Sin embargo, matiza que, cuando un Estado impone requisitos técnicos muy concretos a un producto, estos pueden incidir en su comercialización en el mercado interior, lo que obliga a justificar la medida conforme al Derecho de la UE.
El PP alerta de “inseguridad jurídica” y exige “responsabilidad” al Gobierno
Tras conocer la contestación de Bruselas, Dolors Montserrat sostiene que el criterio de la Comisión cuestiona la seguridad jurídica de la imposición de la baliza V16 y reclama al Ejecutivo español que “aclare de inmediato” si la regulación respeta plenamente el Derecho de la Unión.
La eurodiputada del PPE remarca que el propio Ejecutivo comunitario recuerda que los tribunales nacionales deben dejar de aplicar los reglamentos técnicos que no hayan sido notificados, lo que, en su opinión, pone de manifiesto “la enorme inseguridad jurídica” que se ha generado tanto para los conductores como para las empresas del sector.
Montserrat incide, asimismo, en que la Comisión advierte de que este tipo de exigencias nacionales puede suponer una restricción al mercado interior y reprocha al Gobierno que actúe, en sus palabras, “por libre”, instándole a garantizar el cumplimiento del Derecho europeo y a proceder con “transparencia y responsabilidad”.