La reforma penal promovida por Junts para endurecer las penas por multirreincidencia, una de las condiciones impuestas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya tiene fijada su votación definitiva en el Pleno del Congreso para la semana del 10 de febrero. A día de hoy, el PSOE mantiene un fuerte desacuerdo con Sumar y con sus socios parlamentarios de Bildu, ERC y Podemos, que rechazan la iniciativa.
Junts presentó esta proposición de ley, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024 y el Pleno la admitió a trámite medio año más tarde. El texto quedó después paralizado durante meses hasta que, finalmente, en marzo de 2025 se registraron las enmiendas parciales. Sin embargo, la tramitación volvió a quedar congelada ante el rechazo de los socios situados a la izquierda del Gobierno.
La decisión de Junts, el partido de Carles Puigdemont, de romper el diálogo con el Gobierno llevó al PSOE a aceptar su reactivación y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia dio luz verde a la reforma. Ahora será el Pleno del Congreso el que debata y someta a votación el proyecto en la sesión que arrancará el próximo 10 de febrero, antes de remitirlo al Senado para completar el procedimiento parlamentario.
Todo indica que en este último paso en la Cámara Baja volverán a hacerse visibles las diferencias del PSOE con su socio de coalición, Sumar, y con el resto de aliados de izquierdas en torno a la regulación de la multirreincidencia, tal y como ya se evidenció en la discusión en comisión.
Ejes principales de la reforma
En lo esencial, la modificación penal prevé una multa de uno a tres meses cuando el valor de lo sustraído no supere los 400 euros, pero permite elevar la respuesta penal a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.
Además, se incorpora un agravante específico para aumentar la pena cuando se hurte un teléfono móvil u otro dispositivo informático que contenga datos personales. Esta previsión no se aplica, en cambio, a los robos de móviles nuevos en establecimientos comerciales.
Otra de las enmiendas, acordada entre PP, PSOE y PNV, extiende el régimen de la multirreincidencia a los delitos de estafa cometidos con ánimo de lucro “cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro”. A la hora de fijar la pena se valorará el importe defraudado, el perjuicio económico causado a la víctima, el tipo de relación entre ésta y el defraudador, los medios empleados y cualquier otra circunstancia que permita calibrar la gravedad de la infracción.
Una modificación consensuada con el PSOE y el PNV habilita también a imponer de forma cautelar al investigado “la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas”.
Por último, mediante una enmienda 'in voce' acordada por PP, PNV y Junts, se fijó una pena de prisión de uno a cinco años para el conocido como 'petaqueo', al considerarse que resta apoyo logístico a las narcolanchas, castigando “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” en contra de las leyes o de otras normas de carácter general.
Críticas de Sumar y división en la izquierda
Durante el debate en la Comisión de Justicia, Junts defendió que con su propuesta pretende revertir la “frustración” y la sensación de abandono que generan los hurtos reiterados; el PSOE subrayó que la iniciativa responde a las demandas de la ciudadanía; el PP sostuvo que busca acabar con “la alarma social y la sensación de impunidad” ante estos delitos; Vox celebró que suponga “mayor severidad frente al hurto leve y más supuestos agravados”, y el PNV recalcó que el endurecimiento de las penas por multirreincidencia es una reivindicación “transversal”.
Estos grupos cerraron filas a favor de la reforma, a diferencia de Sumar, Bildu y Podemos, que votaron en contra, y de ERC, que optó por abstenerse. Desde Sumar justificaron su rechazo al insistir en que la norma implica una deriva “punitivista” que sólo busca “dar satisfacción” a Junts; Bildu sostuvo que la ley “no es ni proporcional ni eficaz, ni garantista”, y Podemos considera que “alimenta los relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha”. ERC, por su parte, alertó de que la reforma genera unas expectativas que no va a ser capaz de satisfacer.