La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha insistido este jueves en el Parlamento en que no se ha producido ningún desvío de recursos del Plan de Recuperación para abonar "ningún pago procedente de ningún servicio de la Seguridad Social" como las pensiones.
El órgano fiscalizador hizo público el pasado 5 de mayo un informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 en el que señalaba que el Gobierno recurrió en noviembre de ese ejercicio a 2.389,4 millones de euros de créditos no utilizados de fondos europeos para afrontar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, debido a la falta de crédito presupuestario derivada de la prórroga anual de las cuentas públicas vigente desde 2023.
Chicano ha acudido este jueves a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para explicar varios informes de fiscalización ante Congreso y Senado, aunque no figuraba en el orden del día el relativo a la Cuenta General del Estado, pese a que el PP había registrado una solicitud para reordenar la sesión e incluir ese documento.
Los grupos exigen explicaciones a Chicano
Pese a que la Cuenta General del Estado de 2024 no estaba programada, los grupos de la oposición han aprovechado sus intervenciones para abordar este asunto, lo que ha llevado a la presidenta a adelantar una aclaración: "Categóricamente les digo que no se han utilizado fondos europeos para ningún pago procedente de ningún servicio de Seguridad Social".
Tras recordar que la Comisión Europea ha remarcado desde Bruselas que "no cuestionan el uso legal" de las ayudas comunitarias, Enriqueta Chicano ha añadido que en el citado informe, ni en los votos concurrentes ni en el voto particular (en contra), se sostiene que haya existido un desvío de fondos europeos.
"El día que presente la Cuenta General hablaremos más despacio de este asunto, pero vamos, quédense con la tranquilidad de que no se han utilizado fondos europeos para pagos que no correspondieran", ha concluido la máxima responsable del órgano fiscalizador.
El informe detallaba que, ante la falta de crédito presupuestario para hacer frente a compromisos "ineludibles" de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, el Ejecutivo autorizó en noviembre de 2024 dos modificaciones por un total de 2.389,4 millones de euros, financiadas con remanentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al entender que no ponían en riesgo el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos europeos.
El Tribunal señalaba también que esta decisión del Gobierno se apoyó en unos fundamentos jurídicos "que deberían haber quedado mejor justificados", ya que el organismo aprecia una "incertidumbre" sobre si en 2024 eran aplicables las restricciones al empleo de los créditos sobrantes de fondos europeos para sufragar modificaciones presupuestarias ajenas a dicho servicio.