La iniciativa del Gobierno para blindar el aborto en la Constitución superó este jueves su primer trámite en el Congreso de los Diputados, en medio de reproches de varios de sus aliados parlamentarios. La Cámara rechazó las enmiendas a la totalidad registradas por PP y Vox, que reclamaban devolver el texto al Ejecutivo. La votación se saldó con 177 votos en contra de las enmiendas (PSOE y socios) y 171 a favor (PP, Vox y UPN).
Defendiendo la propuesta del Ejecutivo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, apeló al “diálogo” para sacar adelante la reforma y pidió un “debate riguroso y honesto”.
“Y creo, honestamente, que no sería honesto hurtar al Parlamento de lo que constituye su esencia, el diálogo, el debate de ideas, la exposición de múltiples puntos de vista. Especialmente, señorías, en un momento histórico en el que el enfrentamiento se ha adueñado del espacio público y donde el exabrupto nos aleja del sentir común, del interés general, que sí es posible alcanzar con diálogo y consenso”, ha asegurado.
La modificación constitucional impulsada por el Gobierno plantea incorporar un apartado 4 al artículo 43, dedicado al derecho a la protección de la salud, para reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar su acceso en condiciones de igualdad. Redondo remarcó que se busca evitar desigualdades entre territorios y “posibles retrocesos”.
La ministra denunció que hay mujeres que se ven “obligadas” a salir de su comunidad autónoma o incluso del país -como a Bruselas- para poder interrumpir su embarazo. “Ninguna mujer debería verse obligada a pasar por una situación así cuando simplemente quiere ejercer su derecho”, ha subrayado.
Redondo reclama un “debate riguroso y honesto”
En la misma línea, Redondo sostuvo que “la sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto” y urgió a la oposición a permitir que la reforma siga su tramitación parlamentaria, retirando sus enmiendas a la totalidad.
Se dirigió de forma expresa al PP, al que instó a dejar atrás su “incomodidad” ante esta discusión. “Señorías del Partido Popular, créanme, están a tiempo de volver a la senda de la defensa de los derechos de las mujeres, debatamos esta propuesta, confrontemos ideas, busquemos acuerdos. Retiren su enmienda a la totalidad, sean como lo han sido en otro tiempo, un partido de Estado”, ha expuesto.
Redondo defendió además que permitir que el Congreso debata la reforma no constituye “un gesto partidista”, sino “un acto de lealtad democrática”, y animó a los populares a “volver a la senda de la defensa de los derechos de las mujeres”.
En nombre del PP, Silvia Franco defendió las enmiendas a la totalidad y calificó la reforma de “desacertada”, de “error político y jurídico” y de “un instrumento para la supervivencia política” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Nuestra Constitución es el pilar que sostiene la estabilidad. No es patrimonio de ningún partido ni está al servicio de ninguna estrategia partidista”, ha afirmado.
La diputada del PP criticó el cauce elegido por el Ejecutivo, que definió como un “atajo”, al considerar que el procedimiento “se convierte en la causa y no en la consecuencia del contenido de la reforma”. “Esta reforma es el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción, debilitado por los escándalos que tiene la confianza ciudadana erosionada y que además tratan ustedes de hacerlo agitando una bandera feminista que no les pertenece, porque no les pertenece”, ha asegurado, reclamando al Gobierno que retire la iniciativa.
Franco sostuvo también que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo “está garantizado” en España y exigió al Ejecutivo que deje “de meter miedo” a las mujeres. “Lo que ustedes traen aquí es un triple fraude. Un fraude a la Constitución, un fraude a las mujeres y un fraude a los españoles”, ha añadido.
El portavoz de Vox, Joaquín Robles, tildó la reforma de “propagandística” y acusó al Gobierno de promover un “debate artificioso” con fines electorales. Cuestionó igualmente el mecanismo de reforma constitucional escogido, al entender que se pretende esquivar la vía agravada, y alertó de choques con otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida.
En la misma línea, Robles reprochó al Ejecutivo que, a su juicio, utilice este debate para “ocultar su ineficacia y su escandalosa corrupción”. “Si de verdad quisieran defender a las mujeres españolas, reforzarían la seguridad en las calles, impondrían penas severas, en lugar de rebajarle las condenas. Protegerían nuestras fronteras, evitarían la penetración de doctrinas que consideran inferior a la mujer, apoyarían la natalidad y castigarían con el máximo rigor penal la violencia contra las mujeres, en lugar de venir con puntos violetas e inútiles e improbables reformas de carácter imprudente, fraudulentas en su trámite y contrarias a la construcción de los derechos fundamentales”, ha señalado.
En el turno en contra de las enmiendas, la socialista Cristina Narbona replicó al PP que “quien mete miedo a las mujeres es una presidenta del Partido Popular que les dice que abortar fuera de Madrid”, en alusión a Isabel Díaz Ayuso. Además, llamó a trabajar “juntos” para “resolver lo que tiene que ver con la libertad y con la igualdad de las mujeres”.
Socios del Gobierno reclaman más ambición
En la fijación de posiciones, Verónica Martínez, diputada de Sumar, sostuvo que “el derecho al aborto en España no está garantizado” y que persisten “barreras”, tanto administrativas como territoriales. “Hoy lo que toca es valentía. Valentía para votar lo que sabemos que es justo. Valentía para no aceptar que otros marquen el límite de nuestros derechos”, ha aseverado.
Desde Junts, Pilar Calvo advirtió al Ejecutivo de que su planteamiento “no tiene ningún recorrido” y lo describió como “un nuevo espectáculo electoralista”, que “se ha de denunciar”.
Pilar Vallugera, de ERC, expresó su “apoyo absoluto” al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, al derecho al aborto, a los derechos sexuales y reproductivos y al derecho a ejercerlo “cuando quieran”. No obstante, reprochó al Gobierno que “si hay alguna intención de tirar adelante este debate, lo han encarado mal”.
La portavoz de Podemos, Ione Belarra, recordó que el aborto “ya goza de una protección reforzada” y que, por ello, no existe “un vacío que haya que rellenar”. A su juicio, la vía elegida “implica rebajar su nivel político y protección jurídica”, lo que a la vez “hace más vulnerable a los posibles recortes de la derecha y de la extrema derecha”.
Por parte del PNV, Maribel Vaquero expresó “dudas” sobre la conveniencia de la reforma del Gobierno, en la que aprecia “oportunismo político”, aunque subrayó que pesa más el “compromiso” de su formación con los derechos de las mujeres.
En nombre del BNG, Néstor Rego manifestó “cierto escepticismo” sobre el impacto real del “teórico” blindaje constitucional del aborto.
Alberto Catalán, de UPN, sostuvo que se trata de un “debate falso”, al considerar que el instrumento escogido “no es el adecuado para conseguir el fin perseguido”.
Desde Compromís, Àgueda Micó alertó de que, cuando los derechos no quedan blindados, se “cuestionan”, se “debilitan” y, si no hay una reacción social y política, “se arrancan”.