En lo que va de legislatura, el Congreso ha tramitado 42 proposiciones de ley impulsadas por la ciudadanía mediante el mecanismo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pero ninguna ha culminado su recorrido con éxito. La mayoría fueron rechazadas por la Mesa de la Cámara o quedaron caducadas al no alcanzar las firmas necesarias, y sólo cuatro llegaron a debatirse en el Pleno. La más avanzada, orientada a una regularización de migrantes, ha quedado desfasada después de que el Gobierno optara por la vía del real decreto tras su acuerdo con Podemos.
El recuento pormenorizado de todas las iniciativas presentadas desde el inicio de la legislatura, a partir del listado del Congreso analizado por Europa Press, muestra que este instrumento de participación ciudadana sigue afrontando importantes obstáculos prácticos, tanto en la fase de recogida de firmas como en los filtros iniciales del procedimiento parlamentario.
Una vez se registra una ILP, la Mesa del Congreso debe decidir si la admite a trámite o la rechaza de plano, lo que implica su archivo inmediato. Si supera ese control, se abre el periodo para recoger firmas, pero el proceso puede frustrarse si en nueve meses no se consigue el medio millón de apoyos exigido. Si se obtienen las firmas, comienza el trámite parlamentario: debate de toma en consideración en el Pleno, presentación de enmiendas y, en su caso, aprobación definitiva y envío al Senado.
Iniciativas inadmitidas desde el inicio
De las ILPs presentadas en esta legislatura, 16 fueron descartadas directamente por la Mesa del Congreso, lo que supuso su cierre automático. La Constitución prohíbe que una iniciativa popular afecte a materias de ley orgánica, al sistema tributario, a los Presupuestos Generales del Estado, a los tratados internacionales o a la prerrogativa de gracia.
Otras propuestas se rechazan por defectos formales o técnicos: una formulación jurídica deficiente, ausencia de memoria económica, falta de concreción de los artículos a modificar, invasión de competencias autonómicas o acumulación de cuestiones heterogéneas en un mismo texto. La Mesa también puede denegarlas por no respetar unos mínimos de técnica legislativa, por duplicar o reiterar iniciativas previas o por existir ya otra ILP muy similar.
Por estos motivos han sido tumbadas, entre otras, tres iniciativas para fomentar la fecundidad y reforzar la protección de la familia; tres reformas sobre la prescripción de medicamentos veterinarios; la modificación del sistema de acceso a la función pública docente no universitaria; la inclusión de la educación financiera en el currículo escolar; o la reforma del Código Penal y del Estatuto Básico del Empleado Público para reforzar la protección de los agentes de la autoridad en supuestos de atentado.
También se inadmitieron ILPs sobre cambios en el reglamento de ingreso docente; contra el maltrato al mayor; de ejecución de órdenes de expulsión de extranjeros; de creación de un estatuto del político; dos propuestas sobre el himno nacional; una de racionalización y eficiencia en el gasto público; y dos sobre transparencia, rendición de cuentas y protección de denunciantes. Otra iniciativa sobre protección integral de menores víctimas de violencia en el entorno familiar permanece paralizada a la espera de aclaraciones.
ILP caducadas por no reunir firmas
Siete proposiciones sí llegaron a iniciar la recogida de firmas, pero decayeron por no alcanzar los avales requeridos o por expirar los plazos sin que se entregaran. La normativa concede a los promotores nueve meses, prorrogables tres más, para conseguir al menos 500.000 firmas válidas.
Las rúbricas deben recabarse en pliegos oficiales visados por la Junta Electoral, con nombre, DNI, domicilio y firma manuscrita de cada firmante, siempre ante fedatarios acreditados que certifiquen su autenticidad. Este modelo, que obliga a comprobar una a una todas las firmas, complica la organización de las campañas y provoca que muchas ILP no alcancen el umbral exigido y caduquen antes de llegar al Pleno.
En este punto se han quedado, entre otras, la reforma de la Ley antitabaco; la equiparación de la aportación farmacéutica entre pensionistas de la Seguridad Social y mutualistas; las modificaciones de los artículos 25 y 26 del Código Civil; una iniciativa sobre protección de la agricultura y la seguridad alimentaria; la opción de compra en derecho de superficie de vivienda habitual de promoción privada para sus residentes; la reforma del reglamento de acceso y nuevas especialidades en los cuerpos docentes; el reconocimiento del derecho al uso del dinero en efectivo; y otra para la protección de menores frente a violencia y denuncias falsas en el ámbito familiar.
Propuestas aún en fase preliminar
En la actualidad hay diez ILP en pleno proceso de recogida de firmas, entre ellas la modificación de la ley de contratos de crédito inmobiliario; cambios en la distribución, prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios; dos reformas de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la Ley de Bases del Régimen Local; la regulación del cribado neonatal universal; la reforma del artículo 14 de la Ley de Aguas; la modificación de los artículos 17 y 22 del Código Civil; los cambios en la Ley de Contrato de Seguro; y una reforma de la Ley de Educación.
Además, está pendiente una ILP de Protección Integral contra el maltrato a las personas mayores, calificada en mayo, que cuenta con el apoyo de numerosas instituciones, asociaciones y particulares desde su registro. Este jueves sus promotores han presentado un escrito dirigido a la Mesa del Congreso y a los portavoces de los grupos para que impulsen la tramitación de la ley y les concedan tres meses adicionales para completar las firmas.
Una vez la Junta Electoral Central valida las 500.000 firmas, la iniciativa pasa al Congreso y arranca su tramitación parlamentaria, que suele prolongarse durante años e incluso varias legislaturas, ya que las ILP no caducan con la disolución de las Cortes.
La ILP para establecer una prestación mínima a cargo de la Seguridad Social, registrada en 2016 y cuyo contenido se ha incorporado parcialmente a la normativa española mediante el actual Ingreso Mínimo Vital (IMV), sigue pendiente de presentación y primer debate en el Pleno.
Las cuatro ILP que llegaron al Pleno
Cuatro iniciativas populares han ido un paso más allá y su toma en consideración se ha debatido en el Pleno del Congreso. Una de ellas, presentada en 2019, reclama unos ratios mínimos de enfermeras por habitante; superó ese primer examen en 2024 y este mismo mes el sindicato SATSE ha pedido a los partidos un impulso definitivo para tratar de lograr su aprobación final.
En una situación similar se encuentra la ILP sobre promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en lo relativo a la participación en el coste de las prestaciones y servicios, registrada en 2016. Fue tomada en consideración por el Congreso en 2024, pero desde entonces no ha vuelto a avanzar.
La más adelantada, también tomada en consideración por el Pleno en 2024, es la ILP de regularización extraordinaria de personas extranjeras, sobre la que los grupos parlamentarios llegaron a presentar enmiendas parciales. Sin embargo, la reciente aprobación por el Gobierno de un real decreto con el mismo propósito ha dejado esta iniciativa en un segundo plano.
Por último, la ILP para la derogación de la ley que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, registrada en esta legislatura, alcanzó igualmente el Pleno, pero fue rechazada en el primer debate con los votos en contra de PP y Vox y la abstención decisiva del PSOE.