QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PP busca que el Congreso evidencie al exmandatario canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mediante la crítica a la intromisión política en las adjudicaciones públicas, tras revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre actos ‘de enorme gravedad’ durante su presidencia en el Gobierno de Canarias. No obstante, el partido no solicita explícitamente su censura.
Según la moción resultante de una interpelación a Torres el pasado miércoles, basada en un informe de la UCO, se debatirá en el próximo Pleno de la Cámara Baja. El informe evidencia que el gobierno de Torres tuvo una ‘participación activa’ en adjudicaciones irregulares del ‘caso Koldo’, otorgando contratos por más de 12 millones de euros a empresas ‘sin experiencia previa, son controles técnicos, sin garantías de calidad y a precios muy por encima del mercado’.
Adicionalmente, se detalla que Torres mantuvo ‘contacto directo’ con intermediarios de la trama Koldo, ‘recibió instrucciones, intercambió mensajes, ejerció presiones a los funcionarios y negoció personalmente las condiciones de la operación’. La moción del PP urge al rechazo de cualquier injerencia política sobre el personal de las administraciones públicas que persiga beneficios particulares, desviándose del interés general.
Por otro lado, el PP exige al Ejecutivo seguir las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para ‘mitigar los riesgos de corrupción y los conflictos de intereses en las personas con altas funciones ejecutivas del Gobierno central’. Critican que el respaldo al ministro Torres tras conocerse conductas ‘absolutamente incompatibles con la ética pública’ muestra el ‘incumplimiento’ del Gobierno de Pedro Sánchez a estas recomendaciones.
Finalmente, el PP demanda que se informe sobre cualquier directriz que pudieran haber dado las presidencias o los ministerios de Presidencia y Justicia o Interior a Leire Díez, ex alto cargo de empresas públicas y ex militante socialista, para ‘sobornar, chantajear y extorsionar’ a miembros del ámbito político y judicial, buscando información contra la judicatura o investigadores del Gobierno y PSOE.
