El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con el objetivo de dejar sin efecto el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades.
Dicha iniciativa legislativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, incorpora una disposición derogatoria específica sobre ese real decreto, que el Gobierno califica como "antichiringuitos" universitarios.
El PP critica que se ha aprobado "sin consenso"
Según el PP, con este real decreto el Gobierno se ha "extralimitado en la regulación de una materia que precisa rango de ley" y, además, ha generado "inseguridad jurídica", al haberse aprobado "sin consenso" y fijar unos criterios que "atentan a la calidad del sistema universitario, todo ello de conformidad entre otros informes, con lo señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen".
La proposición de ley popular subraya asimismo que, aunque todos los grupos comparten el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las prácticas curriculares, la redacción actual de la LOSU "no tiene en cuenta ni la realidad diversa del sistema universitario español ni las dificultades estructurales que afrontan muchas universidades -especialmente las situadas en provincias con menor tejido empresarial- para garantizar la oferta de prácticas necesarias para sus titulaciones".
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En la exposición de motivos se recuerda que, en muchas zonas del país, la falta de empresas y entidades colaboradoras "limita de forma objetiva la disponibilidad de plazas de prácticas, lo que obliga a las universidades a desarrollar fórmulas de colaboración que a menudo requieren apoyo financiero o logístico por parte de las propias instituciones universitarias".
Situación delicada en las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud
El texto incide en que esta situación es especialmente delicada en las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, donde la firma de acuerdos con hospitales y centros sanitarios "resulta imprescindible para la formación clínica del alumnado".
En este sentido, el PP alerta de que "la prohibición absoluta de cualquier tipo de aportación económica o material vinculada a esas prácticas puede poner en riesgo la continuidad de convenios ya existentes, y por tanto, dificultar la apertura de nuevos y reducir la oferta de plazas, "en un contexto nacional marcado por la escasez de profesionales médicos y la necesidad urgente de reforzar la formación universitaria sanitaria".
Por ello, la iniciativa registrada por los 'populares' plantea preservar el principio de gratuidad e igualdad en el acceso a las prácticas curriculares, pero "sin imponer restricciones que perjudiquen la viabilidad de los convenios, especialmente en territorios o sectores donde la colaboración público-privada resulta esencial".