QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la toma en consideración del Proyecto de Ley que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha salido adelante después de que la Cámara rechazara la enmienda a la totalidad registrada por Junts, que pretendía devolver el texto al Gobierno.
Todos los grupos parlamentarios han votado en contra de la enmienda de totalidad de Junts, con la única excepción de PP y Vox, que han optado por la abstención. El PNV también había presentado una enmienda de devolución, pero finalmente la ha retirado este mismo jueves por la mañana tras cerrar un acuerdo con el Ejecutivo.
Durante la discusión parlamentaria, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que la actualización de las normas de dependencia y discapacidad es “una ley del país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales”.
En esta línea, ha realizado un “reconocimiento y agradecimiento explícito” a las entidades presentes en el hemiciclo, entre ellas CERMI, CEOMA, ONCE, Consejo General de Trabajo Social, Plataforma de mayores pensionistas, Plena Inclusión y la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, entre otras.
Según subraya el Ministerio, la reforma supone un avance clave para aplicar el nuevo mandato del artículo 49 de la Constitución. En coherencia con ello, el titular de Derechos Sociales ha apelado a un amplio acuerdo político y ha recalcado que “envejecer no es un lastre, es un logro democrático”.
Asimismo, Bustinduy ha garantizado que el proyecto contará “con la financiación necesaria para ser viable y salir adelante”. A este respecto, ha recordado que “es lo que refleja el acuerdo de gobierno que recoge el compromiso de alcanzar un 50% de la financiación de la dependencia en la contribución de la Administración General del Estado”.
El texto legal plantea la incorporación de nuevos servicios y prestaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y elimina el régimen de incompatibilidades en las ayudas a la dependencia introducido en 2012, además de suprimir el límite máximo de dos años de suspensión en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
La propuesta también reconoce la teleasistencia como un derecho, amplía la cobertura de la ayuda a domicilio y permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema. Paralelamente, introduce medidas para simplificar los trámites administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad, como la supresión de cargas burocráticas al equiparar de forma automática la situación de dependencia con la de discapacidad.
JUNTS DENUNCIA “INVASIÓN COMPETENCIAL”
En el turno de los grupos, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha sostenido que el proyecto de ley implica “una contundente invasión competencial” y ha denunciado que “más de 100.000 catalanes han muerto en lista de espera” de la dependencia “por falta de recursos del Estado y por mal funcionamiento de la ley de dependencia”.
Desde el PP, el diputado Enrique Belda ha alertado de que “sin dinero no hay desarrollo de los derechos” sino “solo buenas palabras” y ha cuestionado la “prisa” por sacar adelante el “producto legislativo”, reclamando que “la tramitación se relaje”.
Por parte del PSOE, el diputado Emilio Saez ha defendido que se trata de un proyecto “consensuado”, que “no vulnera competencias en Cataluña” y, aunque ha admitido que “hacen falta recursos”, ha reprochado al PP la falta de inversión en las comunidades autónomas donde gobierna.
VOX A JUNTS: “CARROÑEROS DE LOS IMPUESTOS DE LOS ESPAÑOLES”
Mientras, la diputada de Vox Rocío De Meer ha rechazado la enmienda de Junts y ha acusado a la formación de ser “abanderados del egoísmo, carroñeros de los impuestos de los españoles y ladrones de la identidad colectiva”. No obstante, también ha cargado contra la iniciativa del Ejecutivo al considerar que la reforma del Gobierno “no brinda ninguna ayuda real” y que “quienes cuidan van a seguir igual de abandonados”. “Eso se llama estafa”, ha remachado.
En representación de Sumar, el diputado Lander Martínez ha puesto en valor el “esfuerzo” del Ministerio de Derechos Sociales en la redacción de la norma, que, a su juicio, “respeta con pulcritud el ámbito competencial”. En su intervención ha insistido en que “no caben cálculos y no caben ni siquiera bloques”.
Por su parte, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha lamentado que la ley “hace grandes promesas” de “grandes mejoras” pero “sin presupuesto”. En su metáfora, “el menú es bueno, tiene buena pinta, pero al final nos piden que paguemos nosotros. Espero que eso no pase”.
FINANCIACIÓN PARA QUE NO QUEDE EN “PAPEL MOJADO”
En términos similares, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha advertido de que los nuevos derechos reconocidos por la norma pueden quedarse en “papel mojado” si no se garantiza la financiación suficiente y ha mostrado su confianza en que el compromiso expresado por Bustinduy “esta vez sí se cumpla”.
Desde el PNV, la diputada Maribel Vaquero ha explicado que su grupo ha retirado la enmienda a la totalidad tras alcanzar un entendimiento con el Gobierno, aunque ha reiterado que, a su juicio, el texto continúa sin respetar plenamente “el ámbito competencial”.
La diputada de Podemos, Noemí Santana, ha puntualizado que su formación no comparte “al cien por cien” el contenido del proyecto, pero ha defendido que las personas dependientes y con discapacidad “no pueden seguir esperando”. Además, ha recordado que “la ministra que revirtió los recortes de la derecha, del señor Rajoy, fue la ministra Ione Belarra” y ha reprochado a Bustinduy que “a día de hoy no han subido un céntimo”.
