Sumar ha reclamado explicaciones al Ministerio de Igualdad después de que el departamento que encabeza Ana Redondo haya puesto en marcha la tramitación de una reforma de las bases reguladoras de sus subvenciones para programas de sensibilización, prevención e investigación sobre las violencias contra las mujeres, en la que se incorpora como condición que las entidades solicitantes sean abolicionistas de la prostitución. Según el socio minoritario del Gobierno “discrimina por motivos de opinión”.
A través de una batería de preguntas registrada en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sumar pide aclarar los argumentos en los que se apoya Igualdad para imponer este requisito. “¿No considera que se trata de una cuestión que discrimina por motivos de opinión y de pluralidad teniendo en cuenta que dicho reconocimiento no figura expresamente en la legislación vigente como una obligación ni la ausencia de este reconocimiento constituye ninguna ilegalidad?”, pregunta.
En relación con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado, Sumar inquiere por el punto concreto en el que se fija “que un determinado marco conceptual deba operar como requisito excluyente para el acceso a subvenciones, y no como una orientación general de acción pública”.
Asimismo, destaca que el Convenio de Estambul “no califica la prostitución en sí misma como una forma de violencia”. Al mismo tiempo, cuestiona si el Ejecutivo considera “compatible” con los principios constitucionales “de neutralidad ideológica y objetividad” de la Administración que la concesión de ayudas públicas quede supeditada “a la adhesión expresa a un determinado marco conceptual no definido por el legislador”.
Igualmente, Sumar solicita que se detalle la doctrina constitucional que respaldaría el empleo de la financiación pública “como instrumento” para exigir esa adhesión previa a las entidades sociales.
“Desde una perspectiva de buena administración y eficacia de las políticas públicas, la medida podría producir efectos muy negativos y reducir de forma significativa el número de entidades que pueden acceder a estas convocatorias. Ello afectaría especialmente a organizaciones con una trayectoria acreditada en la atención a mujeres en contextos de prostitución, trata o exclusión social, pero que operan desde enfoques y marcos de intervención diversos”, precisa.