El portavoz de vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha mostrado este jueves su reconocimiento a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas gobernadas por el PP en el marco del Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros para reforzar el parque público.
Según lo acordado, los ejecutivos autonómicos del PP han dado su respaldo al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé destinar recursos tanto a la construcción de nuevas viviendas públicas como a la rehabilitación de inmuebles y a ayudas al alquiler. El programa también incorpora el principio de protección indefinida para las viviendas públicas, de forma que los inmuebles que se compren o promuevan con cargo a estos fondos mantendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
En este contexto, Ibáñez ha difundido un mensaje en la red social X en el que felicita a la ministra, aunque introduce matices críticos: “Es justo reconocer, a pesar de una dotación insuficiente, el acuerdo de la ministra Isabel Rodríguez con las CCAA para el plan estatal de vivienda”.
Respaldo a la sentencia del Supremo sobre el registro de alquileres
Al mismo tiempo, el diputado de Compromís se ha referido a la reciente resolución del Tribunal Supremo que deja sin efecto el Registro Único de arrendamientos de corta duración impulsado por el Ministerio de Vivienda, al estimar que el Estado no tenía competencia para ponerlo en marcha.
El portavoz sectorial de Sumar ha recordado que ya advirtió de que la competencia en esta materia es autonómica, aunque ha señalado que no comparte la manera en que las comunidades gobernadas por el PP la están ejerciendo. Por ello, sostiene que la vía más adecuada para ordenar estos alquileres es desbloquear cuanto antes la ley específica que se tramita en el Congreso y que permanece paralizada por el rechazo de PP, Vox y Junts al texto.
En esa línea, Ibáñez ha reiterado en X que “La mejor respuesta es acelerar la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones en el Congreso, y municipalizar la declaración de zonas tensionadas”.