Sumar ha instado al Gobierno a explicar si la familia real de Emiratos Árabes Unidos se ha beneficiado, a través de una red de compañías bajo su control, de ayudas públicas destinadas al sector agrario procedentes de la Política Agraria Común (PAC).
La iniciativa parte de los diputados del grupo plurinacional en el Congreso Toni Valero (IU) y Júlia Boada (Comuns), que han registrado varias preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo. En ellas recogen una información difundida por “ElDiario.es” y otros medios europeos, según la cual la familia real emiratí habría percibido al menos 71 millones de euros en subvenciones europeas de la PAC entre 2019 y 2024 mediante un ‘holding’ empresarial.
En sus escritos, los parlamentarios remarcan que “más allá de si las ayudas recibidas por las sociedades de capital controladas por los plutócratas jefes de un estado totalitario cumplen con los actuales requisitos legales, genera cierta alarma la capacidad de control de mercado que agentes de países fuera de la Unión Europea tienen sobre un sector estratégico como el agrícola”.
Según la investigación citada, el conglomerado Al Dahra Europe sería titular de 65.000 hectáreas de superficie agrícola repartidas por el continente a través de distintas sociedades y, en el caso de España, operaría seis instalaciones situadas en Lleida y Aragón.
Los diputados advierten, por ejemplo, de que la implantación de este grupo en Lleida ha provocado un “régimen de monopolio en la zona reduciendo los ingresos de muchos agricultores y cooperativas locales”. También subrayan que el 98% de la producción generada por estas empresas en territorio español se destina a la exportación.
En este contexto, Valero y Boada plantean que “surge la duda si España está ofreciendo una ayuda de estado a un conglomerado empresarial que adultera la competencia de nuestro mercado agrícola y que canalizaría indirectamente hacia el extranjero las ayudas de la PAC”.
“¿SE VE AFECTADA LA SOBERANÍA NACIONAL?”
A partir de ahí, los diputados reclaman al Gobierno que concrete el volumen de subvenciones que podría haber recibido este ‘holding’ y si, en caso de haberse concedido, se “podrían estar dando ayudas de estado a un tercer país de fuera de la UE a través de la PAC”.
También preguntan: “¿Podrían esas subvenciones contribuir a la adulteración del mercado interno español y de la UE?”, y solicitan al Ejecutivo que detalle su opinión sobre el hecho de que se esté financiando de manera indirecta a una de las “familias más ricas del mundo”.
Además, interpelan al Gobierno sobre si situaciones como esta deberían conllevar una modificación en el modelo de gestión de las ayudas de la PAC y si considera que se “puede afectar potencialmente a la soberanía nacional”, junto con otras cuestiones relacionadas con el control y destino de estos fondos europeos.