Sumar ha presentado en el Congreso una proposición que busca que el Gobierno intensifique su papel diplomático en el ámbito internacional para asegurar la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía iraní frente a la “represión sistemática” ejercida por sus autoridades, y que al mismo tiempo rechace cualquier agresión militar externa con fines geoestratégicos amparada en la “excusa” de promover “un cambio de régimen”. Recuerdan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado ya varias advertencias públicas sobre una posible intervención en Irán.
En esta proposición no de ley, Sumar argumenta que la combinación entre la “represión sistemática y desproporcionada” del Gobierno iraní contra las movilizaciones que arrancaron a finales de diciembre —que han provocado 36 fallecidos y más de 2.200 arrestos— y la amenaza de injerencias militares foráneas “bajo pretextos humanitarios” configura “una amenaza grave” para la seguridad de la sociedad iraní, el equilibrio regional en Oriente Próximo y la paz mundial.
“La violencia del régimen, sumada a la posibilidad de escaladas militares externas, podría agravar el sufrimiento de la población civil, intensificar las tensiones regionales y generar un efecto dominó de inestabilidad que afectaría a actores clave de la comunidad internacional”, subraya la formación liderada por Yolanda Díaz.
Ante este contexto, el socio minoritario del Ejecutivo considera “esencial” que la comunidad internacional responda “con responsabilidad y firmeza”, situando en primer plano la defensa de los derechos humanos, la protección de la población civil y el cumplimiento del derecho internacional, al tiempo que se impulsen salidas “pacíficas y sostenibles” que faciliten que la ciudadanía iraní pueda ejercer en plenitud sus libertades básicas y decidir sin presiones su futuro político y social.
Exigencia de condena a la represión y refuerzo diplomático
En primer término, Sumar reclama al Gobierno que condene de forma explícita la represión de las protestas en Irán, así como cualquier manifestación de violencia, detenciones arbitrarias, torturas o persecución contra minorías étnicas, religiosas y sexuales.
Además, le plantea que intensifique su labor diplomática ante la comunidad internacional, la UE y la ONU, promoviendo acciones coordinadas que persigan asegurar el respeto del derecho internacional y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la población iraní.
Finalmente, Sumar propone que el Ejecutivo rechace, “como una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”, cualquier ofensiva militar extranjera con objetivos geopolíticos justificada en la búsqueda de un “cambio de régimen” o “el presunto incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones internacionales”, si no cuenta con un mandato explícito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.