QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, en la sesión plenaria del Congreso, Sumar presentará una proposición no de ley con la que busca que el Gobierno modifique la regulación del despido improcedente, haciendo que este sea efectivamente disuasorio para las empresas y compensatorio para los trabajadores afectados.
Tras su reciente revés en el Congreso por la propuesta de reducción de jornada, enfrentando la oposición de PP, Vox y Junts, la coalición liderada por Yolanda Díaz propone ahora una de sus iniciativas más destacadas en el ámbito económico.
Sumar argumenta la necesidad de una indemnización que actúe como un verdadero freno en situaciones de despidos injustificados, con el fin de corregir distorsiones en el ámbito laboral que afectan principalmente a las PYMES, que son mayoría en el panorama empresarial español.
QUE SE TENGA EN CUENTA EL TAMAÑO DE LA EMPRESA
La propuesta de Sumar sugiere que la indemnización por despido tenga en cuenta factores como el volumen de negocio, el tamaño de la empresa y otras circunstancias relevantes al determinar el monto de la compensación.
Desde Sumar se señala que esto evitaría despidos injustificados por parte de empresas grandes o con más recursos, que actualmente no enfrentan las mismas consecuencias económicas que las más pequeñas, promoviendo lo que se conoce como ‘dumping social’.
Al defender su medida, el grupo señala que en países como Francia y Alemania, la indemnización por despido improcedente considera elementos como la antigüedad del empleado o su salario, además de las circunstancias específicas del despido.
En Europa, el Comité Europeo de Derechos Sociales respaldó a los sindicatos CCOO y UGT en su demanda contra España por considerar que la indemnización actual de 33 días por año trabajado no es suficientemente disuasoria ni cumple con la Carta Social Europea. Sin embargo, el Tribunal Supremo de España determinó que no se pueden incrementar judicialmente estas cantidades sin una reforma legislativa, al considerar que las normativas de la Carta son más bien declaraciones de intenciones que requieren de acción legislativa.
Ante esto, Sumar insiste en que es esencial una revisión de la legislación española para establecer una compensación por despido improcedente que sea realmente efectiva y equitativa.
