Sumar ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende imponer que las rentas de alquiler de vivienda se abonen exclusivamente mediante transferencia bancaria u otros sistemas de pago electrónicos trazables, con el objetivo de acabar con los posibles fraudes fiscales cometidos por los propietarios.
El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez, ha registrado esta propuesta en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, donde plantea un conjunto de medidas “contra el fraude fiscal en las rentas inmobiliarias y en favor de un modelo de vivienda accesible”.
Al exigir que el pago se realice a través de un medio electrónico, Ibáñez persigue que las entidades financieras que intervengan en estas operaciones remitan de forma automatizada e inmediata estos datos a la administración tributaria. La finalidad es reducir de manera efectiva el fraude fiscal ligado al alquiler de vivienda, detectar ingresos no declarados y reforzar la protección de las personas inquilinas frente a posibles prácticas abusivas.
Retención mensual del 1% del alquiler
Entre las medidas incluidas en la iniciativa figura el establecimiento de una retención del 1% sobre la renta del alquiler, que el propietario deberá ingresar cada mes en la AEAT, con la finalidad de contar con un indicador mensual fiable sobre la evolución de los precios de los arrendamientos.
Compromís argumenta que este indicador resulta imprescindible, ya que actualmente no existe ni en el IPC, por “su falta de representatividad”, ni en el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), debido a “su falta de actualidad”.
El grupo plurinacional propone además una reforma fiscal en profundidad que traslade la carga impositiva desde las rentas del trabajo hacia las rentas del capital y que elimine los privilegios fiscales de los rentistas, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas arrendatarias.
En esta línea, reclama la aprobación de un plan específico contra la evasión y el fraude fiscal asociado a las rentas inmobiliarias que, según las estimaciones de Sumar, asciende cada año a más de 12.500 millones de euros.
Asimismo, Sumar plantea incrementar de forma continuada los medios humanos y materiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dando prioridad a la creación de unidades especializadas en la detección, prevención y sanción del fraude y la evasión fiscal ligados al mercado inmobiliario, incluyendo alquileres no declarados, plusvalías ocultas y otras prácticas irregulares.