Sumar tiene previsto registrar una propuesta para fijar por ley qué pueden y qué no pueden hacer los expresidentes del Gobierno, con el objetivo de impedir que la oficina que les corresponde por haber ocupado ese cargo, financiada íntegramente con dinero público, se emplee para desarrollar actividades “lucrativas” de carácter privado.
Así lo ha explicado ante los medios en el Congreso el portavoz adjunto de Sumar y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, después de conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, actualmente prorrogados, mantuvieron en 298.320 euros la dotación global destinada a los cuatro expresidentes del Gobierno (Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy). Esa cuantía se reparte entre todos ellos, de forma que cada uno dispone de 74.580 euros anuales para sufragar los gastos de funcionamiento de su oficina de expresidente.
Según Enrique Santiago, el auto del juez José Luis Calama “no concreta” las acusaciones por blanqueo de capitales y apropiación indebida, pero “es muy grave” que una persona que ha ostentado la Presidencia del Gobierno “utilice recursos del Estado para cualquier tipo de actividad lucrativa”.
“Eso debería estar perfectamente diferenciado y, desde nuestro punto de vista, debería estar prohibido: o se utiliza la oficina de expresidente se hacen actividades privadas, lo que no se puede es mezclar y, sobre todo, no se puede utilizar recursos de la oficina para realizar actividades privadas”, ha resumido, subrayando la importancia de fijar con claridad “qué actividades son públicas y cuales son privadas”.
Reactivar la ley de grupos de interés
En paralelo, Santiago ha reclamado que se retome la tramitación parlamentaria de la norma que regula la actividad de los grupos de interés, remitida por el Gobierno al Congreso dentro del paquete de medidas anticorrupción anunciado tras el ingreso en prisión hace casi un año del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Aunque los grupos ya han presentado sus enmiendas al texto, todavía no se ha reunido la ponencia encargada de iniciar el debate.
Sobre la necesidad de acotar las funciones de los expresidentes también se ha pronunciado el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, quien defiende que se prohíba que “puedan vender su agenda de teléfonos”.
Además, ha instado a abrir un debate sobre el hecho de que sea legal que los expresidentes “puedan cobrar por dar charlas o por asesorar a empresas que luego pueden beneficiarse de las políticas públicas del Gobierno”.