El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en el que se señala al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto dirigente de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos", ha provocado un giro en el tono de Sumar y de otros socios del Ejecutivo. Este miércoles, varias de estas formaciones han querido marcar distancias con la idea de 'lawfare' --uso de la Justicia con fines políticos-- y han instado de forma directa a Pedro Sánchez a afrontar el escenario y dar una respuesta.
Si el día anterior el portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, insistía en que los expresidentes pueden dedicarse a actividades civiles y mercantiles al no estar sujetos a incompatibilidades, veinticuatro horas después el también portavoz parlamentario de IU ha advertido de que "cobrar por gestiones políticas es delito" y ha recalcado que ha llegado el momento de "regular bien todas las actividades" de quienes han ocupado La Moncloa.
En la misma línea, el portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, admitía este miércoles que la resolución judicial "no pinta ni huele bien" y que son necesarias "muchas explicaciones" sobre las gestiones de Zapatero. A su vez, la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Agueda Micó, ha dejado caer que ya "no está tan claro" que se haya producido 'lawfare' contra el ex líder del PSOE.
¿Lobismo o tráfico de influencias?
Sin descartar por completo la hipótesis de un nuevo caso de instrumentalización de la Justicia con fines políticos, sobre la que incidió en cuanto se conoció la imputación, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a referirse a una "cacería judicial", aunque al mismo tiempo ha reconocido que la resolución de Calama está "muy bien" redactada y ha evitado ya aludir a Manos Limpias. "Tengo ojos en la cara", ha afirmado, mostrando el auto en el hemiciclo.
Rufián ha emplazado a Sánchez a reaccionar ante una situación que, ha confesado, le deja "jodido" por el aprecio personal que siente hacia el imputado. "Si esto es verdad, es una mierda; si esto es mentira, es una mierda mayor que hemos visto ya demasiadas veces, pero que merece una respuesta", le ha espetado al presidente durante la sesión de control. "¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?", ha preguntado.
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que este martes sostenía que "la derecha le tenía muchas ganas" a Zapatero y animaba al Ejecutivo a plantar cara tanto a la "guerra sucia judicial" como a la corrupción, ha ajustado ahora su mensaje al admitir que el auto de Calama "no pinta bien".
"Pinta feo", ha remachado, subrayando que lo descrito en el auto no se habría podido llevar a cabo "sin el Gobierno de España", dado que fue el Consejo de Ministros quien dio luz verde al rescate de Plus Ultra. Además, ha puesto el foco en quienes han cambiado de postura y han empezado a poner en duda que exista 'lawfare'.
Se desanda el camino y Junts presiona por elecciones
"El PSOE lo ha puesto muy difícil para diferenciar lo que es guerra sucia judicial de lo que es corrupción. De hecho, mucha gente salió en defensa de Zapatero viendo lo que ha pasado con el fiscal general del Estado, después de leer el auto ha deshecho ese camino por la contundencia del mismo", ha señalado Belarra.
Mientras tanto, Junts ha evitado citar expresamente a Zapatero, pero su portavoz de Justicia, Josep Pagès, ha aprovechado su turno en el Pleno de control para interpelar al ministro del ramo, Félix Bolaños, sobre "qué argumento democrático" le queda al Gobierno para no convocar elecciones cuando carece de mayoría suficiente en el Parlamento.