El senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Aniceto Armas González, ha reclamado explicaciones al Gobierno por los embargos que afronta España a raíz del recorte a las primas de las energías renovables, una situación que pone en riesgo bienes españoles en el extranjero, tanto sedes institucionales como activos que se encuentren en territorio foráneo, entre ellos el avión presidencial o la Federación Española de Fútbol, ante la cercanía del Mundial que se celebrará en Estados Unidos.
Estos embargos se inscriben en un largo conflicto judicial iniciado hace casi dos décadas a partir de las primas aprobadas en 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para quienes decidieran apostar por las renovables. Tres años después de establecer ese sistema de incentivos, el mismo Gobierno de Zapatero procedió a suspenderlas de forma parcial y, ya en 2012, con Mariano Rajoy en la Moncloa, se eliminaron completamente con efectos retroactivos.
Las modificaciones regulatorias desencadenaron una cascada de demandas internacionales contra España y, en la actualidad, el país acumula 27 laudos arbitrales perdidos aún pendientes de abono, que suponen una deuda superior a 2.310 millones de euros, cifra que incluye tanto los intereses financieros como los gastos legales asociados.
Las decisiones arbitrales contrarias a España ya han tenido consecuencias patrimoniales concretas, como el embargo de un inmueble del Instituto Cervantes en Holanda. Paralelamente, Bélgica ha ordenado retener otros 840 millones de euros que la entidad Eurocontrol debía transferir a Enaire por la prestación de servicios de gestión del tráfico aéreo. A ello se añaden otras órdenes de embargo vinculadas a la ejecución de laudos en casos como Eurus Energy (grupo Toyota), la Federación Española de Fútbol (RFEF) u Operafund.
“¿LAS RECLAMACIONES SUPERAN LOS 11.000 MILLONES?”
En este contexto, el senador herreño dirige varias preguntas al Ejecutivo, en particular sobre si la factura global por reclamaciones, intereses y costas procesales podría llegar a superar los 11.000 millones de euros en el conjunto del Estado.
Del mismo modo, solicita que se detalle cuánto dinero ha desembolsado y tiene comprometido Enaire en despachos de abogados para su defensa en este litigio, incluyendo el número de expedientes de contratación abiertos. También plantea cómo prevé el Tesoro Público resarcir a la entidad por el gasto asumido en servicios jurídicos en el extranjero, con el objetivo de que no se vea perjudicada en cuestiones ajenas a su actividad aeronáutica.
Finalmente, Armas González reclama al Gobierno datos sobre el importe total que tiene Enaire embargado fuera de España y de qué manera el Tesoro tiene previsto restituir esos fondos a la empresa pública para evitar que su operativa se vea afectada por asuntos que no guardan relación con la navegación aérea.